Se ha demostrado que la criminalización de los actos sexuales entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual, la posesión y uso de drogas, y la exposición, ocultación y transmisión del VIH impiden el acceso a servicios relacionados con el VIH y aumentan el riesgo de infección.

Los países que criminalizan a grupos de población clave experimentaron un menor progreso en los objetivos relacionados con las pruebas y tratamientos del VIH en los últimos cinco años. Así, un menor porcentaje de personas que viven con el VIH son conscientes de su estado serológico y logran la supresión viral en comparación con países que han evitado la criminalización. Los países en los que la legislación ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos han obtenido grandes beneficios, en particular los que han garantizado el derecho a la no discriminación y han generado una respuesta frente a la violencia de género. A pesar de estas pruebas irrefutables, sigue siendo frecuente encontrar leyes punitivas y discriminatorias, lo que resulta alarmante.