Feature Story

Fotografía: ONUSIDA/P.Virot

El 17 de febrero de 2011, el ministro de Justicia danés anunció la suspensión del artículo 252 del Código Penal danés. Según se informa, esta ley, que se ha utilizado para procesar a unas 18 personas, es la única disposición del derecho penal en Europa Occidental que trata el VIH de forma específica.

Por ello, el Gobierno danés ha establecido un grupo de trabajo para considerar si se debería revisar o abolir la ley, tomando como referencia las mejores pruebas científicas disponibles en lo relativo al VIH y a su transmisión.

El avance realizado por Dinamarca no es una excepción. El año pasado se creó un comité oficial similar en Noruega para informar sobre la revisión en curso del artículo 155 del Código Penal. Este penaliza la infección o exposición negligente o intencionada a aquella enfermedad transmisible que sea peligrosa para la salud pública, pero esta ley solo se ha utilizado para procesar a personas que transmiten el VIH.

En Estados Unidos, el país con el mayor número de casos documentados de enjuiciamientos por transmisión del VIH o exposición al mismo, se adoptó en julio de 2010 la Estrategia nacional sobre el sida. Desde esta iniciativa, aumentó la preocupación por las leyes específicas para el VIH que penalizan su transmisión y su exposición. En aproximadamente 34 Estados y dos territorios de EE. UU. existen dichas leyes. Se ha condenado a personas seropositivas a largas penas de prisión tras ser declarados culpables de «exponer» a otras personas al VIH por escupirles o morderles, dos hechos que no conllevan ningún riesgo de transmisión.

En febrero de 2011, la Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales para el Sida (NASTAD, por sus siglas en inglés), organización que representa a los funcionarios de la salud pública que administran los programas sobre el VIH en Estados y territorios, expresaron su preocupación por el «impacto corrosivo» de las leyes excesivamente amplias que penalizan la transmisión del y exposición al VIH. Los directores pidieron el rechazo de leyes que no «se basen en la ciencia de la salud pública», ya que desaniman a las personas a hacerse las pruebas del VIH y a conseguir tratamiento.

Por otra parte, también se han documentado avances positivos en África. El año pasado, al menos tres países, Guinea, Togo y Senegal, revisaron la legislación vigente sobre el VIH o adoptaron nuevas leyes que restringen el uso del derecho penal a casos excepcionales de transmisión intencionada del VIH.

Las pruebas científicas disponibles más sólidas para informar el derecho penal

Estos avances indican que los Gobiernos también piden una mejor comprensión de los riesgos, los daños y las pruebas en lo que concierna a la transmisión del VIH, especialmente si hay pruebas médicas y científicas que demuestran que se puede reducir de forma considerable la capacidad de infección de las personas que reciben un tratamiento antirretrovírico.

Para asesorar a los países sobre la aplicación justa del derecho penal en lo que respecta al VIH, ONUSIDA ha comenzado un proyecto de investigación exhaustiva sobre los actuales aspectos científicos, médicos, legales y de derechos humanos en la criminalización de la transmisión del VIH. El objetivo de este proyecto es asegurar, si procede, la correcta aplicación del derecho penal en casos de exposición o transmisión del VIH, basándose en las pruebas científicas más recientes y pertinentes, así como en los principios legales, con el fin de garantizar la justicia y la protección de la salud pública. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Noruega, se centrará en aquellos países con ingresos altos en los que se hayan dado más casos de procesamientos por infección del VIH o exposición al mismo.

La iniciativa consistirá en organizar dos reuniones de expertos que revisen temas científicos, médicos, legales y de derechos humanos relacionados con la penalización de la transmisión del VIH o de la exposición al mismo. Asimismo, se realizará una consulta internacional sobre la criminalización de la transmisión del VIH y su exposición en países con ingresos altos. El proyecto ahondará en los principios que se establecieron en Criminalización de la transmisión del VIH: informe de política, un documento que ONUSIDA y PNUD publicaron en 2008. Los nuevos hallazgos se enviarán a la Comisión Mundial sobre el VIH y la Legislación, dirigida por PNUD, cuya puesta en marcha realizaron PNUD y ONUSIDA en junio de 2010.

Como ocurre con cualquier otra reforma legislativa relacionada con el VIH, ONUSIDA insta a los Gobiernos a comprometerse en iniciativas que aseguren la participación de todos los que se vean afectados por dichas leyes, incluidas las personas que viven con el VIH.