Reportaje
Hacer frente a la violencia contra las trabajadoras sexuales en Perú
27 de julio de 2023
27 julio 202327 julio 2023Ángela Villón Bustamante es trabajadora sexual y activista por los derechos humanos de las compañeras de su comunidad en Perú desde hace casi 25 años. Ha vivido en carne propia la violencia de la que son víctimas las mujeres trabajadoras sexuales, y fue después de una golpiza que le dio un policía en 1996 que comenzó su activismo.
“No quiero que ninguna compañera más más termine casi muerta como quedé yo hace 25 años,” dice Ángela. “Miluska Vida y Dignidad es la organización que formé en 1996 para encontrar justicia hacia las trabajadoras sexuales violentadas por las fuerzas públicas, en honor a mi compañera Miluska que murió tras una golpiza. Es la primera organización de trabajadoras sexuales de Perú.”
En los mismos años, Alejandra Fang, mujer trans, era encarcelada por ejercer el trabajo sexual y la policía le pedía tener sexo para dejarla en libertad. “Me vi forzada a ejercer el trabajo sexual porque como mujer trans no tenía otra alternativa. A raíz de esa situación traumática decidí ser activista”, dice Alejandra.
Como Ángela, Alejandra también convirtió las experiencias de las que fue víctima en oportunidades para que nadie tuviera que pasar por las mismas situaciones. Así, pasó a formar parte de la Casa Trans Zuleymi y ahora lidera Trans Organización Feminista.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, el 95,8% de las mujeres trans ha sido víctima de violencia, el 62,2% ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales y sólo el 5,1% ha completado la educación secundaria.
Más de 10 trabajadoras sexuales cis y transgénero han sido asesinadas desde principios de este año en Perú - cuatro trabajadoras sexuales transgénero en una sola semana, hasta el 1 de febrero. "Esta situación se extendió a otras provincias de Perú, y las trabajadoras sexuales tuvieron que esconderse durante semanas para proteger sus vidas", afirma Ángela. "No hemos podido trabajar ni atender nuestras necesidades básicas personales y familiares".
La criminalización contra las trabajadoras sexuales les impide buscar justicia cuando sufren acoso, daños físicos u otro tipo de discriminación. "A menudo no denunciamos los abusos para evitar más malos tratos y por el estigma que conlleva nuestra ocupación", explica la activista.
"Ya sean personas viviendo con VIH, migrantes, afrodescendientes o indígenas, todas estas intersecciones generan un estigma y una discriminación exponenciales y las colocan en una situación de extrema vulnerabilidad", afirma la Directora de ONUSIDA para los países andinos (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia), Andrea Boccardi. "Las pone en una situación tan precaria que dificulta su acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, empleo, educación y justicia. Aunque el trabajo sexual autónomo en Perú es legal, siempre han sido criminalizadas".
Dada la situación de violencia contra las trabajadoras sexuales en Perú, las organizaciones lideradas por Ángela y Alejandra, al lado de otras organizaciones como la Asociación Civil T.S. Rosas Mujeres de Lucha, se encuentran entre las que están implementando un plan con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú para hacer frente a la violencia contra las trabajadoras sexuales en el país.
Más de 100 policías ya han recibido formación mediante cursos diseñados y facilitados por trabajadoras sexuales cis y transgénero. La formación proporciona conocimientos sobre derechos humanos, estigma y discriminación, y sobre la importancia de que en su rol como garantes de la justicia contribuyan al trato digno y basado en los derechos humanos de todas las personas en Perú.
Además de coordinar y facilitar un grupo de trabajo para luchar contra la violencia y promover los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales con varias organizaciones y redes locales y regionales, ONUSIDA también se ha asociado con la Defensoría del Pueblo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú y con representantes de la comunidad trabajadoras sexuales para desarrollar un protocolo para la prestación de servicios de asistencia jurídica y defensa de estas mujeres víctimas de abuso y violencia.
"Después de tantos años, siento que ahora se escucha nuestra voz", afirma Ángela.