Feature Story

El juez Edwin Cameron, del Tribunal de
Apelación de Sudáfrica, resaltó la importancia
de las estrategias de salud pública como
alternativa a la penalización de la transmisión
del VIH.

Últimamente se han aprobado leyes en varios países que penalizan la transmisión del VIH o la exposición al virus a otras personas. Algunas jurisdicciones han aplicado leyes generales de abusos físicos graves en los casos en los que se acusa a alguien de transmitir el virus o de exponer a otros intencionadamente.

Estas medidas tan polémicas están generando debate y preocupación entre políticos, profesionales jurídicos y de la salud pública, y organizaciones internacionales y de la sociedad civil acerca de si la aplicación del derecho penal en este tipo de casos beneficia o perjudica los objetivos de la salud pública como el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo a las personas que viven con él.

Para hacer frente a esta situación, ONUSIDA ha reunido en Ginebra a un grupo de profesionales en la materia que participarán en una reunión informativa internacional que durará tres días (del 31 de octubre al 2 de noviembre). Allí se discutirá sobre la aparente tendencia a la penalización de la transmisión del VIH dentro del contexto de la respuesta nacional al sida.

El propósito de la conferencia, codirigida por el Secretariado de ONUSIDA y el PNUD, era fomentar el diálogo y proporcionar una oportunidad de llegar a un entendimiento con respecto a la conveniente aplicación del derecho penal en lo relativo a la transmisión del VIH, dadas las necesidades de salud pública y los derechos humanos. Entre los asistentes a la reunión se encontraban parlamentarios, jueces, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y personas que viven con el VIH, así como representantes de la OMS, de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los participantes de la conferencia expresaron su preocupación ante el aparente aumento del número de casos de personas que viven con el VIH a las que se han imputado cargos por haber transmitido el virus o por haber participado en actividades con riesgo de transmisión. En algunos casos, se han presentado cargos por conducta que se “percibe” con riesgo de transmisión, pero sin riesgos reales existentes, y a veces se han impuesto penas muy duras. Asimismo, los participantes mostraron inquietud ante aquellas jurisdicciones que pretenden promulgar o enmendar su legislación específicamente para penalizar la transmisión y la exposición. Aunque muchos de estos legisladores tengan buenas intenciones, los participantes de la conferencia afirmaron que tales leyes no son un método eficaz para tratar la transmisión del VIH.

“Al igual que en los primeros años de la epidemia, cuando declaré que poseíamos HIL (leyes altamente ineficaces) y hubo propuestas para realizar pruebas a toda la sociedad, ahora tenemos de nuevo una ola de HIL. Y es una ola que se da en África en particular, pero también en otras partes del mundo", afirmó el juez Michael Kirby, miembro del Tribunal Supremo de Australia, en la sesión final de la conferencia.

Aunque se sabe poco sobre los impactos de la penalización de la transmisión del virus, a muchos les preocupa que pueda tener un efecto negativo en la realización de las pruebas del VIH y en el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo. Informes de la prensa sensacionalista pueden exacerbar el estigma y la discriminación y hacen peligrar las estrategias de prevención del VIH que ahora mismo se están llevando a cabo. "Imponer el derecho penal a la transmisión del VIH ha aumentado la estigmatización del virus, es un método ineficaz y las estrategias de salud pública van más encaminadas a mejorar la prevención del VIH", declaró el juez Edwin Cameron, del Tribunal de Apelación de Sudáfrica.

Aún más, otro hecho preocupante es que la acción judicial puede poner en peligro los derechos civiles básicos, como el derecho a la privacidad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Algunos legisladores y grupos para los derechos de la mujer piensan que tales leyes protegerán a las mujeres de ser infectadas por el VIH, pero como apuntó Susan Timberlake, consejera legal y de los derechos humanos para ONUSIDA: "Nos preocupa mucho el hecho de que estas leyes puedan perjudicar más a las mujeres, ya que son ellas quienes primero descubren su estado y, por tanto, las primeras en ser perseguidas. Unas leyes que defendieran la igualdad de la mujer dentro y fuera del matrimonio les ayudarían más que unas leyes que penalizaran la transmisión del VIH”.

A través de las recomendaciones resultantes de la reunión, se informará acerca de las políticas de ONUSIDA y otros documentos de orientación sobre la penalización de la transmisión del VIH. "Un claro mensaje de esta reunión ha sido que el derecho penal es una herramienta demasiado tajante para tratar el VIH", admitió Seema Paul, jefa de coordinación de políticas de ONUSIDA. "El verdadero objetivo de los políticos es prevenir nuevas infecciones, pero, de hecho, penalizar la transmisión del virus –excepto en un reducido número de casos de justicia retributiva– pondrá freno al descubrimiento del estado propio con respecto al VIH, así como al acceso a servicios sanitarios y de otra índole", añadió.