GINEBRA, 31 de marzo de 2023 — ONUSIDA celebra la noticia del Banco de Patentes de Medicamentos (MPP, por sus siglas en inglés) y de ViiV por las tres licencias firmadas con los fabricantes de genéricos Aurobindo, Cipla y Viatris para la producción de cabotegravir de acción prolongada para la PPrE (profilaxis pre-exposición). La PPrE puede reducir el riesgo de transmisión del VIH por vía sexual o por consumo de drogas inyectables. ONUSIDA también pidió a ViiV que tomara medidas urgentes para reducir sus precios y aumentar la producción de CAB-LA cuanto antes.

Christine Stegling, Directora Ejecutiva Adjunta de la División de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, afirmó:

"ONUSIDA aplaude este comunicado del Banco de Patentes de Medicamentos y felicita a las empresas por haber conseguido los acuerdos de licencia. La producción genérica de un CAB-LA asequible es esencial para prevenir millones de nuevas infecciones por el VIH. Los avances logrados son testimonio del poder de las comunidades que se han movilizado para exigir medicamentos de acción prolongada y de los decididos esfuerzos de los defensores del acceso a los medicamentos. ONUSIDA agradece a ViiV su compromiso de compartir la tecnología adquirida a través de estos acuerdos e insta a todos los propietarios de patentes de medicamentos de acción prolongada contra el VIH, incluidos los que aún están en fase de desarrollo, a que se comprometan a compartir y poner a disposición su tecnología de inmediato. ONUSIDA celebra que esta sea la primera noticia de concesión de licencias de muchas e insta a ViiV a ampliar su cobertura geográfica de la concesión a todos los países de ingresos bajos y medios. Dado que la producción de genéricos tardará varios años hasta que los medicamentos estén disponibles para su uso, ONUSIDA también insta a ViiV a que ponga de inmediato su propia producción de CAB-LA a disposición de los compradores con precios asequibles y existencias que se ajusten a las necesidades. Todos debemos dejarnos llevar por la feroz urgencia del presente".

Los avances en la respuesta mundial al VIH se están ralentizando y se está produciendo un aumento de infecciones en demasiados países. Los objetivos de 2025 están en peligro y solo acciones audaces pueden permitir menguar la curva de nuevas infecciones. Urge el despliegue de nuevas tecnologías como el CAB-LA de acción prolongada a un precio asequible, ya que esto ayudará a cubrir la crítica necesidad de prevención del VIH para las personas expuestas a los riesgos de infección más altos. También es particularmente positivo el hecho de que una de las empresas con sublicencia (Cipla) tenga previsto fabricar en Sudáfrica, además de en la India. Un paso muy importante en favor del aumento de la fabricación local de medicamentos en África. 

ONUSIDA reconoce este paso concreto hacia la producción genérica de productos innovadores básicos, pero insta a tomar soluciones a corto plazo de inmediato hasta que los productos genéricos estén ampliamente disponibles. ONUSIDA está especialmente preocupado por los recientes comunicados de que los suministros actuales de CAB-LA no son en absoluto suficientes para satisfacer la creciente demanda y son también mucho menores de lo que los compradores habían afirmado poder adquirir. La transparencia en la difusión de información por parte de ViiV sobre sus existencias y precios del CAB-LA de acción prolongada es fundamental para ayudar a impulsar el progreso en el aumento de existencias.

Es vital y urgente que los medicamentos antirretrovíricos de acción prolongada para la PPrE estén disponibles a precios asequibles en cualquier lugar en el que se necesiten. Es en los países de renta media donde tienen lugar actualmente la mayor parte de las nuevas infecciones por VIH y donde residen muchos de los grupos de población clave, en su mayoría, expuestos a la transmisión del VIH y que, además, necesitan acceso a antirretrovíricos de acción prolongada. No obstante, muchos países están excluidos de esta licencia, a pesar de la gran necesidad de nuevas tecnologías sanitarias accesibles.

La concesión de estas tres licencias debería sentar las bases para empezar a compartir tecnología sobre otras innovaciones para la prevención del VIH y para el tratamiento de acción prolongada. ONUSIDA insta a que la concesión de licencias ayude a desarrollar una vía de entrada acelerada en el mercado de formulaciones genéricas de los antirretrovíricos de acción prolongada cuando se establezcan orientaciones normativas y aprobaciones regulatorias a nivel nacional, no solo para la prevención, sino también para el tratamiento del VIH.

ONUSIDA hace un llamamiento al sector privado, a los gobiernos y a los financiadores para asegurar que todas las personas que necesiten medicamentos antirretrovíricos de acción prolongada puedan acceder a ellos. ONUSIDA seguirá trabajando con la Coalition to Accelerate Access to Long-Acting PrEP, una iniciativa conjuntamente convocada por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, PEPFAR, UNITAID y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la AIDS Vaccine Advocacy Coalition (AVAC) como Secretaría, para encontrar soluciones y garantizar, a todos, un acceso mundial equitativo a tecnologías de lucha contra la pandemia.

GINEBRA/JOHANNESBURGO, 22 de marzo de 2023 — En respuesta a la aprobación del proyecto de ley contra la homosexualidad por parte del Parlamento ugandés, ONUSIDA ha advertido que, si finalmente se promulga esta ley, habrá consecuencias extremadamente perjudiciales para la salud pública, pues se reducirán los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y de algunas de las personas más vulnerables de Uganda para acceder a servicios que salvan vidas. 

Anne Githuku-Shongwe, la Directora de ONUSIDA para África Oriental y Meridional, declaró: 

"Si finalmente se promulga, esta ley socavará los esfuerzos de Uganda por acabar con el sida para el 2030, pues viola derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y el propio derecho a la vida.   

Las comunidades se alejarán de los servicios que salvan vidas y se impedirá que los trabajadores sanitarios, incluidos grupos de la sociedad civil, ofrezcan prevención, pruebas y tratamiento del VIH.   

La evidencia es muy clara: la institucionalización de la discriminación y el estigma social alejarán aún más a las comunidades vulnerables de los servicios sanitarios que salvan vidas. Las investigaciones realizadas en el África subsahariana muestran que la prevalencia del VIH es cinco veces mayor entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en los países que penalizan la homosexualidad que en los países que no cuentan con tales leyes.  

Al socavar la sanidad pública, esta ley va a ser peligrosa para todos.  

“Si finalmente se promulga, perjudicará a los ugandeses. Se cobrará vidas y provocará nuevas infecciones por el VIH. Instamos al Gobierno a que no promulgue esta ley tan dañina”. 

La ley impondría cadena perpetua para actos homosexuales y la pena de muerte para los denominados delitos graves. Incluye, además, la obligación de denunciar actos homosexuales y su incumplimiento se castigaría con penas de hasta 6 meses de prisión.  

Este nocivo proyecto de ley contrasta con la ola positiva de despenalización que se está produciendo en África y en el resto del mundo, con la que se está eliminando la perjudicial legislación colonial punitiva en un país tras otro. La despenalización salva vidas y beneficia a toda la sociedad. 

Aunque el proyecto de ley contra la homosexualidad haya sido aprobado por el Parlamento, todavía no se ha promulgado la ley y puede que, en aras de promover la salud pública y la igualdad de derechos de los ciudadanos en Uganda, sea rechazado por el presidente. Aún hay tiempo para no sacar adelante este proyecto de ley y salvar vidas.

Hoy, en el Día Mundial de la Tuberculosis, debemos reconocer la urgente necesidad de acabar con la epidemia de la tuberculosis en todo el mundo, especialmente entre las personas que viven con el VIH. La tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de enfermedad grave y muerte entre las personas VIH-positivas.

Según el Informe Mundial sobre la Tuberculosis del 2022 publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas VIH-positivas tienen entre 14 y 18 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis que las personas VIH-negativas. En 2021, alrededor de una de cada tres muertes relacionadas con el sida fue causada por la tuberculosis. No podemos permitir que esta situación continúe así. Debemos garantizar que todas las personas que viven con el VIH y aquellas que son vulnerables a la tuberculosis tengan acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Seguimos desaprovechando oportunidades para implementar las herramientas que disponemos contra la coinfección por VIH y tuberculosis. Casi la mitad de las personas que viven con el VIH que desarrollaron tuberculosis en 2021 no fueron diagnosticadas ni se les informó que padecían tuberculosis. La cobertura de la terapia preventiva contra la tuberculosis entre las personas VIH-positivas que reúnen los requisitos sigue siendo de solo el 42%.

Al igual que en las respuestas al VIH y a la COVID-19, las desigualdades son la causa principal que expone a algunas personas a correr mayor riesgo de contraer tuberculosis, debido a factores socioeconómicos, geográficos y de género y a situaciones humanitarias y de crisis. El marco legal y político también repercute en el acceso a servicios sanitarios para aquellos que más lo necesitan. No debemos olvidar que para que un programa sanitario funcione, tenemos que poner el foco sobre las personas e implicar a los beneficiarios, especialmente a las comunidades menos atendidas, para que formen parte de la planificación, la ejecución y la monitorización de la respuesta.

Hoy, en el Día Mundial de la Tuberculosis, me gustaría hacer un llamamiento a todos nuestros asociados para que dupliquen sus esfuerzos con el objetivo de asegurar la detección precoz, el tratamiento y la prevención de la tuberculosis en personas que viven con el VIH, mediante las siguientes medidas: la ampliación de las herramientas de detección y diagnóstico recomendadas, la prestación de tratamiento y atención integrados y de calidad, la implementación de tratamientos preventivos de corta duración contra la tuberculosis y la eliminación de obstáculos que dificulten el correcto desarrollo de los programas.

Si ponemos fin a la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH, salvaremos más vidas, reduciremos su sufrimiento y estaremos más cerca de erradicar ambas epidemias para siempre.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron oficialmente un nuevo conjunto de principios jurídicos, elaborados por especialistas en la materia, para orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación penal. 

Los denominados “principios del 8 de marzo” establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, el desamparo y la pobreza.

Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, declaró: “El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... por ello, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a escala mundial, se ha observado una tendencia creciente a la penalización excesiva.” 

“Debemos reconocer que esta legislación no solo viola los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal”, afirmó.

Según Edwin Cameron, antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y actual juez inspector de los servicios penitenciarios sudafricanos, dichos principios son de especial relevancia y utilidad para jueces, legisladores, responsables políticos, sociedad civil y académicos. “Los principios del 8 de marzo proporcionan un marco jurídico claro, accesible y práctico fundamentado en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló.

Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto nocivo de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos para abordar los efectos negativos de dichas leyes sobre los derechos humanos. 

Estos principios, desarrollados a lo largo de 5 años, se basan en la retroalimentación y las revisiones de un grupo de expertos e interesados. Terminaron de redactarse en 2022. Inicialmente, se centraban en los efectos de las leyes penales que proscriben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual con consentimiento, la identidad de género, la expresión de género, la ocultación del VIH, la exposición y la transmisión, el consumo de drogas y su posesión para el uso personal. Más tarde, se incluyó también la penalización vinculada al desamparo y la pobreza, basándose en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

El uso excesivo y continuado del derecho penal y, en algunos casos, de leyes penales arbitrarias y discriminatorias por parte de los gobiernos ha causado una serie de violaciones de los derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y la discriminación por género u orientación sexual.

En 2023, veinte países penalizan o persiguen a las personas transgénero y 67 países siguen penalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Además, 115 informan de que penalizan el consumo de drogas, más de 130 penalizan la exposición al VIH, la no ocultación y la transmisión del VIH, y más de 150 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

En el mundo del VIH, el abuso y mal uso de las leyes penales no sólo afecta al derecho a la sanidad, sino a otros muchos, entre los que se encuentran los siguientes: derecho a no ser discriminado, a la vivienda privada, a la seguridad individual, a la circulación, a la familia, a la intimidad y a la autonomía corporal, y en casos extremos al propio derecho a la vida. Por ejemplo, en los países donde el trabajo sexual está penalizado, los trabajadores sexuales tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que en aquellos donde está parcialmente legalizado. Ser penalizado también puede significar verse privado de la protección de la ley y de la aplicación de la misma. Y, sin embargo, las comunidades penalizadas, especialmente las mujeres, suelen ser las que más necesitan esa protección que se les niega.

La Directora Ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, Christine Stegling, declaró: "Celebro que estos principios se lancen el Día Internacional de la Mujer (DIM), en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal puede tener, y tiene, con demasiada frecuencia, sobre las mujeres en toda su diversidad".

“No pondremos fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública mientras se mantengan estas leyes dañinas”,  añadió.  “Estos principios serán de gran utilidad en nuestros esfuerzos, tanto para nosotros como para nuestros socios”.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer: "El día de hoy es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre el poder y los sistemas controlados por los hombres".

Su intervención terminó de la siguiente manera: "Me alegro de que hayáis hecho este trabajo, tenemos que utilizarlo y tenemos que hacerlo también en un contexto mucho más político, cuando se trata precisamente de contrarrestar estas dinámicas de poder".

"Francamente, tenemos que plantearnos estas cuestiones y asegurarnos de que serán una parte integral de los derechos humanos en el futuro", afirmó.

Para concluir, Phelister Abdalla, Presidente de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, con sede en Kenia, señaló: "Cuando se criminaliza el trabajo sexual se lanza el mensaje de que se puede abusar de los trabajadores sexuales... Somos seres humanos y tenemos derecho a todos los derechos humanos".

Nirmala Singh (nombre ficticio) descubrió que era VIH-positiva tras someterse a una prueba durante el embarazo. El diagnóstico fue inesperado, pero inmediatamente supo cómo lo había contraído. La habían violado antes de casarse. Las enfermeras informaron al marido de Nirmala del resultado positivo sin su consentimiento. Inmediatamente la echaron de casa.

Sita Shahi, Coordinadora Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH en Asia y el Pacífico (ICWAP, por sus siglas en inglés), ha respondido tanto a este caso como a muchos otros de su Nepal natal.

Shahi afirma que “hay muy poco conocimiento de los derechos de las mujeres que viven con el VIH y de cómo su experiencia se ve afectada por los abusos”. Y, además, apuntó que “se culpa a las mujeres de transmitir el VIH porque suelen ser las primeras de la familia en ser diagnosticadas. Este es el punto de partida para que sufran violaciones de los derechos humanos, como violencia de pareja en el hogar y violencia de género en la sociedad en general”.

En un taller de trabajo de la ICWAP organizado en 2022 con el apoyo de ONUSIDA y con participantes de países de toda la región, las mujeres que viven con el VIH compartieron sus historias personales.

A una participante que fue diagnosticada durante el embarazo, el personal sanitario le negó asistencia durante el parto. Dio a luz en el suelo de su habitación del hospital, sola.

Algunas mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica afirmaron haber sido rechazadas por su estado serológico en centros de acogida gestionados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Y hubo consenso en que en todos los países la violencia doméstica es habitual, pero rara vez se denuncia.

Las preocupaciones de las mujeres que viven con el VIH en la región de Asia y el Pacífico han permanecido relativamente ocultas e ignoradas. Las tasas de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el sida entre los hombres de la región son más del doble que las de las mujeres. Pero para los 2,2 millones de mujeres que se estima que viven con el VIH en Asia y el Pacífico, una cifra menor no significa que los problemas sean menores.

Michela Polesana, Asesora Regional de ONUSIDA para Respuestas Lideradas por la Comunidad, afirma que “las mujeres de Asia y el Pacífico siguen enfrentándose a políticas discriminatorias, barreras sociales y culturales, desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria y amenazas a su seguridad que violan sus derechos”.

«Cuando las mujeres están libres de estigma social y discriminación, violencia de género o abuso de confianza por parte de los profesionales sanitarios, no existe ninguna epidemia acusatoria», reflexionó la Sra. Shahi. «Si una mujer está libre de violencia a nivel político, social y familiar puede ser mentalmente fuerte y su salud podría ser tan buena como la de otras personas. Entonces no hay inconveniente en cuidar de sí misma y de su familia mientras contribuye a la economía».

Como red regional, la ICWAP está trabajando en incrementar la capacidad de las organizaciones por y para las mujeres que viven con el VIH con el propósito de poder abogar por estas cuestiones a nivel nacional. Una de las prioridades clave es proporcionarles a las partes interesadas, incluidos los profesionales sanitarios, la información necesaria para defender los derechos de las mujeres que viven con el VIH.

Un elemento fundamental de esta estrategia ha sido preparar a sus miembros para llevar a cabo un activismo eficaz usando herramientas y espacios digitales. ONUSIDA ha respaldado la formación en activismo en redes sociales para el Equipo de Redes Sociales de Jóvenes Activistas de la ICWAP. Durante las ocho semanas del programa, se introdujo a los participantes en los elementos básicos de las redes sociales, se exploraron cuestiones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y se practicaron competencias como entrevistas, blogs y edición.

«Recibimos con los brazos abiertos el papel de la tecnología, no solo por proporcionar un espacio para crear comunidad y por el apoyo psicosocial para las mujeres que viven con el VIH, sino también por los medios que proporciona para alzar la voz sobre problemas que las afectan», aclaró la Sra. Polesana.

Para empoderar a las mujeres que viven con el VIH y que así participen en espacios de toma de decisiones, la ICWAP también organizó una formación sobre creación de movimientos feministas para redes dirigidas por mujeres de seis países. Este ejercicio forjó la capacidad de las mujeres que viven con el VIH de participar en programas que fomentan la igualdad de género y los derechos humanos, y también de liderar iniciativas activistas con el fin de obtener servicios de emergencia de buena calidad para las mujeres y niñas de la región.

En el Día Internacional de la Mujer de 2023, bajo el lema «DigitALL: innovación y tecnología para la igualdad de género», la ICWAP reclamó lo siguiente:

• Plataformas digitales de uso fácil  
• Acceso a internet y a herramientas digitales
• Desarrollo de capacidades en torno al activismo en redes sociales
• Refuerzo de la protección de datos y mecanismos de reparación
• Sistemas de denuncia en línea y respuesta rápida para la violencia ejercida por parejas sentimentales
• Estrategias para aumentar el empoderamiento económico de las mujeres que viven con el VIH

Rosma Karlina y Yulistyo Dwi viven con sus dos hijos pequeños en la lluviosa ciudad de Bogor, en el sur de Yakarta.

La Sra. Karlina relató: “A veces vamos a museos para introducir a los niños a la historia o damos de comer a los ciervos del Palacio Presidencial. Es un entretenimiento sencillo, pero puede enseñar a los niños a amar incluso a los animales”.

Si su vida familiar es tradicional, su vida laboral es todo menos eso. La Sra. Karlina es la fundadora y Directora de Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (también denominada en inglés Womxn's Voice), una organización que defiende y atiende a mujeres y a mujeres trans que consumen drogas. Bambang, conocido popularmente como Tedjo, fundó la AKSI Keadilan Indonesia (también conocida como Indonesian Justice Action Foundation). Desde 2018, su equipo ofrece asistencia jurídica y apoyo a personas que consumen drogas y defiende sus derechos.

Sus jornadas de trabajo son una mezcla de organización comunitaria, burocracia paralegal y atención a llamadas de socorro. Una clienta denunció violencia doméstica por parte de su marido. Cuando la policía llegó a la casa, el marido informó a los agentes del consumo de drogas de su mujer y la detuvieron a ella en lugar de a él.

Las organizaciones abogaron con éxito por que un hombre saliera de un centro de rehabilitación obligatoria para que pudiera acceder al tratamiento del VIH. De lo contrario, habría estado tres meses sin tomar sus medicamentos.

Las organizaciones han sido testigos de muchos ejemplos de mujeres que viven con el VIH que se enfrentan a un desprecio extremo. En una ocasión, un agente de policía arrojó un paquete de compresas a la celda de una mujer en lugar de pasárselo y alegó miedo de estar cerca de ella.

La Sra. Karlina afirmó: “Desde 2018 he visto muchas violaciones de derechos perpetradas por agentes de la autoridad: abuso físico, psicológico e incluso económico”. Y, además, puntualizó que “extorsionan a las familias por dinero para que sus seres queridos puedan volver a casa”.

La actual Rosma Karlina, educadora y apasionada activista, evolucionó tras casi dos décadas de abuso de sustancias. Ha estado 17 veces en centros de rehabilitación. Tocó fondo durante un encarcelamiento de 18 meses por posesión de heroína.

“Mi familia pagó mucho dinero a la fiscalía, pero aún así, seguía en prisión. Perdí la custodia de mi hijo mayor. El juez pensó que no merecía ser madre porque consumía drogas”, relató.

Tedjo también evolucionó de la adicción al activismo.

“Consumí drogas entre 1989 y 2015. Ha sido un largo viaje”, reflexionó. “Cuando mi vida era un desastre, hice daño a mucha gente. No fue fácil demostrar que había mejorado”.

Estas personas son dos de las más destacadas por alzar su voz con respecto a cómo la dura legislación penal sobre posesión y consumo de drogas acarrea violaciones de los derechos de las personas que consumen drogas, al tiempo que reduce el acceso a los servicios sanitarios.

Un análisis político y jurídico de 38 países realizado por ONUSIDA y el PNUD reveló que 14 países de la región cuentan con castigo corporal o pena capital por el uso o posesión de drogas. Algunos estados han justificado los asesinatos extrajudiciales por delitos por consumo o posesión de drogas.  Se estima que, en 2021, el 12 % de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico se produjeron entre personas que se inyectaban drogas.

 “La guerra contra las drogas ha creado un gran estigma social y una cultura que ve a toda una comunidad como criminales. Cuando accedemos a la asistencia sanitaria, nos tratan como si fuéramos malas personas”, manifestó Tedjo.

Francis Joseph, el Coordinador Regional de la Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD, por sus siglas en inglés), explicó que al carecer de entornos legalmente favorables, estas personas no tienen acceso a los servicios adecuados.

“Los profesionales sanitarios y los organismos del orden público los tratan con violencia y abuso”, confesó. “Por ello, no quieren destaparse y reconocer: 'He compartido agujas y jeringas y ahora necesito una prueba del VIH'.  Puesto que las personas que consumen drogas no son bienvenidas en nuestros centros sanitarios, lo que provoca esto es que huyan del sistema y se queden fuera de él”.

Lord Lawrence Latonio, un estudiante de derecho y socio de la Community Access to Redress and Empowerment (CARE, por sus siglas en inglés), ha puntualizado que Filipinas también criminaliza la posesión de lo que se considera parafernalia de drogas. Asimismo, esto implica que los educadores inter pares que distribuyen agujas y jeringas limpias tengan que estar alerta para no ser detenidos.

Afortunadamente, los defensores presionaron con éxito para que se incluyera la protección a los trabajadores sanitarios que proporcionan servicios para el VIH en la Ley de Política sobre el VIH y el Sida de 2018. Parte de la labor de CARE consiste en impartir conocimientos jurídicos básicos para que las comunidades puedan comprender sus derechos. Y también cuenta con una red de funcionarios inter pares trabajando en diferentes regiones para apoyar a los miembros de las comunidades de población clave y a las personas que viven con el VIH a obtener reparación en casos donde se hayan violado sus derechos.

Veintiún países de la región cuentan con centros estatales de detención y rehabilitación obligatoria o centros similares para personas que consumen drogas. Estos consisten en una forma de confinamiento donde aquellos acusados o conocidos por consumo de drogas son ingresados de manera involuntaria para su desintoxicación y supuesto tratamiento. Se ha indicado que las condiciones incluyen trabajo forzoso, falta de nutrición adecuada y acceso limitado a asistencia sanitaria.

En 2012 y 2020, los organismos de las Naciones Unidas exigieron el cierre definitivo de estos centros de internamiento involuntario. Pero según un informe de 2022 se han paralizado, en gran medida, los avances en este asunto en el Este y el Sudeste Asiático.

“ONUSIDA está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para alentar a estos países a pasar de centros de internamiento involuntario a tratamientos voluntarios de base comunitaria que proporcionen servicios basados en pruebas y en derechos humanos”, anunció el Asesor Jurídico y de los Derechos Humanos de ONUSIDA Asia y el Pacífico, Quentin Lataire.

ONUSIDA Indonesia está colaborando con Womx'n Voice para poner a prueba un programa piloto multisectorial de refugio y educación para mujeres y niños en Bogor. Sus acciones incluyen protección social, respaldo jurídico, apoyo a la salud mental, educación sanitaria y sobre el VIH y acompañamiento a los servicios.

La Sra. Karlina ha pedido mayores inversiones en asistencia a la salud mental, reducción de la pobreza y educación. “Necesitamos evaluaciones adecuadas para poder analizar mejor cada situación y encontrar la solución más eficaz. La cárcel no es la respuesta. Si nos veis como seres humanos, nos cuidaréis como seres humanos”, insistió.

Oleg Kucherenko (nombre ficticio) viajó desde el este de Ucrania a Leópolis, en el oeste del país, cuando su capital, Jersón, fue ocupada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.  Él, como muchos otros representantes de la comunidad LGTBIQ+, buscaba desesperadamente un lugar seguro donde instalarse.

Su amigo le recomendó el grupo de Facebook de Alliance Global, la mayor comunidad LGTBIQ+ de Ucrania, que le ayudó a encontrar sitio en un refugio.

Una vez allí, consiguió comida, un lugar donde dormir, y pudo ponerse en contacto con sus amigos y compañeros gracias a generadores eléctricos y servicio de Internet. En él pueden instalarse hasta diez personas. El administrador del refugio, Vadim Pryzenko, lo considera un salvavidas.

El Sr. Pryzenko afirmó que «los huéspedes pueden obtener no sólo un lugar donde vivir, sino comida y apoyo social y psicológico». Y, además, apuntó que «para los que no viven aquí, proporcionamos ayuda humanitaria, comida, productos higiénicos e incluso apoyo económico individual».

Desde que comenzó la guerra hace un año, más de 7,9 millones de ucranianos huyeron al extranjero y otros 6,5 millones se han desplazado dentro del país. 

Debido a la creciente demanda de asilo para los desplazados internos que experimentó Alliance Global, varias organizaciones, entre ellas, la Fondation de France, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Emergencia para Ucrania de ONUSIDA, les ayudaron a crear el refugio. Este también ofrece atención sanitaria y servicios para el VIH.

Al Sr. Kucherenko le realizaron las pruebas del VIH, la hepatitis y otras enfermedades. Su prueba del VIH dio positivo. Rápidamente, se reunió con un trabajador social, Andriy Kharatin, quien lo acompañó al centro donde se llevan a cabo las pruebas del sida en Leópolis. Allí obtuvo la confirmación de su diagnóstico y se le realizaron pruebas adicionales.

«Varios días después, con nuestra ayuda para conectarle con el sistema sanitario, Oleg comenzó la terapia antirretrovírica», aseguró el Sr. Kharatin.

Ucrania, únicamente por detrás de la Federación de Rusia, sufre la segunda mayor epidemia de VIH en Europa Oriental y Asia Central (240 000 personas viven con el VIH de acuerdo con las estimaciones de 2022).

Antes de la guerra, el país avanzaba notablemente en la respuesta al sida: el número de personas que viven con el VIH con acceso al tratamiento antirretrovírico había aumentado en torno a un 60%.

Sin embargo, debido a su destrucción u ocupación, más de 30 instituciones sanitarias que proporcionaban servicios para el VIH han tenido que cesar sus operaciones, y se han interrumpido tanto la cadena logística como la de suministro.  A pesar de ello, Ucrania sigue ayudando a las personas que viven con el VIH. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en su adaptación a la respuesta y consiguió implicar y llegar a las personas más necesitadas.

«Como médica, estoy muy contenta con la cooperación con Alliance Global», manifestó la Dra. Olena Pavlishina del Hospital Clínico de Leópolis.  «Gracias a esta cooperación tenemos la oportunidad de estar en contacto con los desplazados internos y con aquellas personas que no confían tanto en los médicos».

Ella señala que, en el pasado, los profesionales sanitarios se encargaban de gran parte del trabajo.

«Esta parte del trabajo que antes llevaban a cabo los trabajadores sanitarios ahora la realizan los trabajadores sociales y las organizaciones de la sociedad civil», apuntó la Dra. Pavlishina.

Y el Sr. Pryzenko no cree que esto pueda cambiar en un futuro cercano. Teme que, si la guerra se alarga, acudirán más personas al refugio y necesitarán disponer de servicios.

Entretanto, el Sr. Kucherenko reside y trabaja en Lutsk, no muy lejos de Leópolis. Recoge su suministro de medicamentos para el VIH de tres meses y se le enviará su próximo lote por correo postal cuando lo necesite. Además, mantiene el contacto con su trabajador social para recibir apoyo psicológico de forma online.

En el Día de la Cero Discriminación de 2023, que se celebra el 1 de marzo, ONUSIDA pone de relieve la necesidad de eliminar las leyes que criminalizan a las personas que viven con el VIH y a los grupos de población clave.* El lema de 2023, «Despenalizar salva vidas», insiste en el impacto positivo en los resultados de salud y vida que se observa cuando se eliminan las leyes discriminatorias y punitivas.

En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10 % de los países mantuvieran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran a la respuesta al VIH.

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó:

«La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vidas. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escolares, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo».

«A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas de la prevención y el tratamiento del VIH».

Estos objetivos son ambiciosos pero necesarios

La investigación en el África subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es cinco veces superior en los países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos judiciales recientes.

La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los trabajadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Policía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las tasas de violencia.

La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley.

En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:

«Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

«Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, por lo que necesitamos que todo el mundo participe».

Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si queremos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Los objetivos son ambiciosos, pero no imposibles

De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son.  En 2022, Bélgica y Australia han eliminado las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restricciones de viaje relacionadas con el VIH.

Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para garantizar que solo menos del 10 % de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según ONUSIDA, en 2021, 134 países que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o perseguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer ciertas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH.

Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estigmatizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas.

La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida.

* Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cárceles y otros centros de internamiento.

Un año después, la guerra en Ucrania continúa infligiendo sufrimiento y destrucción masiva. Desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 2022, más de 13,5 millones de personas han sido desplazadas internamente o se han visto obligadas a huir a países vecinos como refugiados, incluidas las personas que viven con el VIH y grupos de población clave.

Ucrania, el país con la segunda mayor epidemia de sida de la región de Europa Oriental y Asia Central, se ha visto duramente afectada por la guerra.

El país estaba haciendo grandes progresos con respecto a la respuesta al sida como:  (a) aumentar el número de personas que viven con el VIH que reciben medicamentos que salvan vidas (más de 150.000 personas reciben tratamiento de las 240.000 que viven con el VIH); (b) trabajar mano a mano con las organizaciones de base comunitaria y (c) alcanzar la plena financiación estatal de servicios innovadores de prevención del VIH entre las poblaciones clave.

La conmoción de la guerra empujó a todas las partes interesadas a proteger esos preciados logros. 

El gobierno de Ucrania y los asociados de la sociedad civil han recibido suficiente terapia antirretrovírica (ARV), medicamentos contra la tuberculosis y terapia de sustitución de opiáceos (TSO) para proporcionar tratamiento ininterrumpido a todo el mundo con el respaldo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), de ONUSIDA, y de otros asociados.

La sociedad civil ha sido el motor de la respuesta nacional al sida junto con la Salud Pública de Ucrania antes de la guerra y durante el año. Sin excepción, han prestado servicios, medicamentos y ayuda humanitaria a los necesitados, a pesar de los bombardeos, los atentados, la falta de electricidad y el acceso reducido al este y al sur del país.

Este esfuerzo necesita tanto nuestra financiación como apoyo continuos.  No podemos permitir que la respuesta de Ucrania al VIH dé un paso atrás.

Las agencias de la ONU y sus organismos asociados en el territorio han estado cooperando estrechamente con las autoridades locales para llegar a los necesitados y ayudarlos. Últimamente, han suministrado ayuda humanitaria a los territorios más afectados del país que únicamente ahora pasado a ser accesibles.

«La prestación de ayuda y asistencia esencial depende de la colaboración», manifestó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales fue y sigue siendo un pilar fundamental de la eficaz respuesta al VIH en Ucrania durante la guerra. ONUSIDA se solidariza con todas las personas y con todos nuestros asociados que trabajan arduamente en primera línea».   

Un Fondo de Emergencia de ONUSIDA ha permitido que los asociados de todo el país mantengan los servicios de atención y apoyo al VIH, así como que proporcionen ayuda humanitaria y apoyo directo a los más vulnerables. Esto implica, por ejemplo, la creación de docenas de refugios para los desplazados internos, incluidas las personas que consumen drogas, personas LGBTI+ y otros grupos de población clave que vinculan a los proveedores de servicios para el VIH con los programas de ayuda humanitaria disponibles. El Fondo ha recibido apoyo de la Cruz Roja de Mónaco, de los Estados Unidos de América y de Alemania.

Con financiación adicional por parte de Alemania, las organizaciones de la sociedad civil en Moldova, Polonia y otros países vecinos han unido sus fuerzas para mejorar el acceso a los servicios para los refugiados ucranianos que viven con el VIH.

ONUSIDA ha emitido un llamamiento urgente a la comunidad internacional para conseguir más financiación para las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de seguir proporcionando servicios esenciales para el VIH en Ucrania y en países que reciben refugiados que precisen de los servicios para el VIH.

ONUSIDA seguirá apoyando la prevención del VIH, las pruebas, el tratamiento, la atención y el apoyo para las personas de toda Ucrania que se están viendo afectadas por esta crisis.

Durante 20 años, Kochaphan Wangtan ha sido trabajadora comunitaria de la salud al servicio de las personas que viven con el VIH en Tailandia.

"Muchas de mis amistades, que viven con el VIH, han acudido muy tarde a la atención sanitaria con infecciones oportunistas", afirmó.

"Me centro en ayudar a traerlos y proporcionarles apoyo para que empiecen el tratamiento antirretrovírico de inmediato, y también realizo visitas domiciliarias, servicios de asesoramiento y análisis psicosociales para derivarlos a los servicios que necesitan", explicó la Sra. Wangtan.

La Sra. Wangtan pertenece al Centro Integral de Atención Continuada Jai-Prasan-Jai (CCC) del Hospital del Distrito de Phan, en la provincia de Chiang Rai. Es una de los casi mil trabajadores de la salud que viven con el VIH y que atienden en más de 230 hospitales tailandeses a casi 60.000 personas que viven con el VIH al año.

Por primera vez, Tailandia ha creado una certificación nacional de trabajador comunitario de la salud para estos voluntarios. La iniciativa se llama "Atención y apoyo continuo e integral al VIH/sida para y por las personas que viven con el VIH". El programa fue elaborado por el centro Ratchasuda College de la Universidad Mahidol en estrecha colaboración con la Red Tailandesa de Personas que Viven con el VIH/sida, así como con el apoyo de la División de Sida y ETS del Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria. A través del III Unify Collaboration Programme, USAID-PEPFAR y ONUSIDA proporcionaron apoyo técnico y financiero.

"Los voluntarios que viven con el VIH han proporcionado el primer compromiso comunitario en la respuesta al VIH desde el inicio de la epidemia en Tailandia", afirmó Patchara Benjarattanaporn, directora nacional de ONUSIDA en dicho país. "El apoyo entre iguales favorece el inicio y la permanencia en el tratamiento y es fundamental para la respuesta al VIH", afirmó. Esta iniciativa garantiza que los servicios sanitarios dirigidos por personas que viven con el VIH sean normalizados, reconocidos y valorados.

Se imparten dos módulos a lo largo de 90 horas. El primer módulo se centra en la formación teórica, incluida la atención integral de seguimiento, el asesoramiento sobre el cumplimiento del tratamiento y la elaboración de un plan de servicio integral. El segundo módulo es práctico. Además de centrarse en el VIH, el plan de estudios también integra la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, la hepatitis C y las enfermedades no contagiosas. La primera cohorte de 46 trabajadores sanitarios que viven con el VIH recibió su certificado a comienzos de este mes.

La Dr. Wachara Riewpaiboon, médica rehabilitadora y antigua decana del Ratchasuda College, elaboró el plan de estudios.

"El sistema sanitario no es solo para los profesionales de la salud... Es de todos", dijo. "Recibir un diagnóstico de VIH no ayuda a los clientes a comprender a qué se enfrentan. Cuando las personas que viven con el VIH cuentan su historia, los conocimientos que transmiten son muy diferentes. Los conocimientos que ayudan a que las personas tomen decisiones por sí mismas suelen proceder de sus iguales, no de los médicos."

Para ella, la atención va más allá de la medicina.

"No solo nos ocupamos de la biología, sino también de la psicología y de nuestra interacción con el entorno social: cómo ve el público a las personas que viven con el VIH y cómo ellas se perciben a sí mismas", añadió la Dr. Riewpaiboon. "Es muy importante ayudar a la gente a ver el lado positivo de su experiencia".

Según la enfermera Chulaporn SingPae, coordinadora de VIH en el hospital del distrito de Phan, los voluntarios que viven con el VIH ayudan con el asesoramiento, el cumplimiento del tratamiento, el seguimiento de las citas perdidas, las visitas a domicilio, la proporción del tratamiento, la superación del estigma social y del propio paciente, y el fomento de la comprensión de I=I, indetectable es igual a intransmisible. (Una carga viral indetectable significa que el virus es intransmisible). La formación garantiza que estas contribuciones sean reconocidas por el sistema sanitario como conformes a las normas de calidad.

Ahora que el programa ya ha sido desarrollado y aprobado, ha sido reconocido por la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSO). Las organizaciones de la sociedad civil tailandesa que prestan servicios de VIH e ITS con trabajadores comunitarios de la salud certificados han sido acreditadas y pueden registrarse como unidades de servicios sanitarios en el plan de cobertura sanitaria universal. Tras haber apoyado el desarrollo y la prueba piloto del programa, ONUSIDA actualmente respalda un estudio para calcular el coste de dichos servicios. La delegación de ONUSIDA también está tratando de fomentar una financiación suficiente y sostenible de los servicios sanitarios liderados por la comunidad para las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave.

“Esta formación va a garantizar de que un educador inter pares presta un servicio de alta calidad, de manera integral, que abarca no solo los aspectos físicos, sino también los mentales, emocionales y sociales”, declaró Apiwat Kwangkeaw, Presidente de la Red tailandesa de personas que viven con el VIH/Sida.  “A medida que se institucionaliza, estamos lanzando un mensaje al sistema sanitario en su conjunto para que permita a la comunidad de educadores inter pares ser un socio en igualdad de condiciones”, afirmó. El señor Kwangkeaw espera que esto se traduzca en una financiación nacional sostenible de los servicios sanitarios liderados por la comunidad y en una mejor calidad de vida para las personas que viven con el VIH.