Alexander Godin camina entre un gran número de puertas cerradas y escoltadas por un guardia hacia la farmacia del centro penitenciario 16. Esa es su rutina diaria. Se dirige a tomar su medicación, que consiste en una dosis de metadona similar a la de un jarabe. La metadona es un tratamiento agonista opioide que ayuda a las personas a superar los síntomas de abstinencia, reducir la dependencia a la heroína y prevenir la infección por el VIH por agujas infectadas.

Desde el año 2000, algunas cárceles de Moldova ofrecen servicios de reducción del daño.

Y hoy en día estos servicios ya están disponibles en todas.

«Llevo 10 años recibiendo tratamiento de sustitución con metadona», explica el Sr. Godin. Fue su familia quien le instó a aprovecharse de estos servicios para volver a estar sano.

«Durante años consumí drogas y opioides y, para ello, me hacía falta dinero, por lo que ahí también comenzaron los problemas con mi familia», añadió.  Desde que participa en el programa, se siente mucho mejor.

Cualquier nuevo recluso de los 17 centros penitenciarios del país tiene acceso a un psiquiatra y a un médico y, si se considera necesario, se le ofrece unirse a un programa de tratamiento. Los servicios integrales de reducción del daño no solo incluyen el tratamiento de la dependencia a los medicamentos, sino también el intercambio de jeringuillas y agujas, y las pruebas del VIH. La prevalencia del VIH es del 11 % entre las personas que se inyectan drogas en Moldova, frente al 0,36 % entre la población general.

Sin duda, son uno de los grupos más afectados del país. 

Para Maria Potrîmba, directora de enfermedades infecciosas en la prisión 16 (Pruncul), el ayudar a los reclusos a evitar las drogas tiene efectos de impacto positivo.

«Cuando un paciente recibe este tratamiento de sustitución, la persona es más consciente de las consecuencias y es más probable que se adhiera a su otro tratamiento», explicó.

Los centros penitenciarios y de internamiento también se aseguran de proporcionar jeringuillas limpias con una recogida regular cada dos días que realizan prisioneros voluntarios.

El jefe de la unidad médica de la cárcel 13 (Chisinau) considera que los servicios de reducción del daño son importantes tanto para los reclusos como para los propios empleados de la cárcel.

«Todos los voluntarios son reclusos, y la gran mayoría de ellos son personas que han recibido ya tratamiento por enfermedades transmisibles como el VIH, la hepatitis o la tuberculosis», afirmó Oleg Costru.

Con el paso de los años, Moldova ha ido dedicando más recursos a su programa en las cárceles. «Al principio, cuando se empezaron a ofrecer estos servicios, en realidad se financiaban con fuentes externas», explicó Irina Barbîroș, directora del departamento médico de la administración nacional de centros penitenciarios. «A medida que fueron pasando los años, el Estado asumió tanto su compromiso como la financiación de estos servicios dentro del presupuesto estatal».

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de estos servicios a todas las cárceles. A día de hoy, de acuerdo con Harm Reduction International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamientos con agonistas opiáceos en las cárceles.

Y esto pese a que se ha demostrado que la reducción del daño no aumenta el número de personas con dependencia a las drogas, sino que proporciona beneficios para la salud personal y pública.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, ha visto cómo los proyectos piloto van ganando terreno en el país y se siente muy orgullosa del éxito de la cobertura nacional.

«Se trata realmente de anteponer a las personas y de adoptar un enfoque sólido en lo que a salud pública se refiere», aseguró. Para ella, para poner fin al sida, la clave está en proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas. «Se trata simplemente de igualar».

Las políticas y prácticas en materia de reducción del daño ayudan a las personas que consumen drogas a mantenerse vivas y protegidas frente al VIH y la hepatitis C

Publicado con anterioridad al Día Internacional de la Reducción del Daño - 7 de mayo de 2023

GINEBRA, 5 de mayo de 2023 - Muchos sistemas penitenciarios se ven con dificultades para lidiar con la sobrecarga, los recursos inadecuados, el acceso limitado a la atención sanitaria y otros servicios de apoyo, la violencia y el consumo de drogas en sus centros. Solo en 2021, el número estimado de personas en prisión aumentó un 24 % en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los aproximadamente 10,8 millones de personas, algo que incrementó la presión sobre unos sistemas carcelarios ya de por sí sobrecargados.   

Es innegable que en las cárceles el consumo de drogas es una realidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en algunos países hasta el 50 % de las personas en prisión consumen o se inyectan drogas. Las prácticas no seguras de inyección de drogas suponen un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH y la hepatitis C debido al acceso limitado a los servicios de reducción del daño, entre los que se incluyen preservativos, agujas y jeringuillas limpias, y a la falta de programas integrales de tratamiento farmacológico, en concreto la terapia de sustitución de opiáceos.

Las personas en prisión tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general. ONUSIDA informa de que la prevalencia del VIH entre las personas en prisión aumentó un 13 % desde 2017, hasta llegar a alcanzar el 4,3 % en 2021. Aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de una de cada cuatro personas de la población total de los centros de reclusión tiene hepatitis C.

«El acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de reducción del daño, es un derecho humano fundamental, y no se debe negar a nadie ese derecho por estar encarcelado», afirmó Eamonn Murphy, director regional de ONUSIDA para Asia Pacífico, Europa Oriental y Asia Central. «Las cárceles suelen pasar inadvertidas entre los esfuerzos nacionales por responder al VIH. Precisamente por eso, urge un enfoque multisectorial y multifacético para salvar vidas, que incluya el acceso a agujas y jeringuillas limpias, así como un tratamiento eficaz para reducir la dependencia a los medicamentos opiáceos y para minimizar el estigma y la discriminación».

Entre los países que informaron a ONUSIDA en 2019 sobre la situación de sus centros de reclusión, solo 6 de 104 países contaban con programas de agujas y jeringuillas en al menos una cárcel; solo 20 de 102 países tenían en marcha programas de terapia de sustitución de opiáceos en al menos una cárcel, y 37 de 99 países ofrecían preservativos y lubricantes en algunas cárceles.

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de los servicios de reducción del daño a todas las cárceles. Sin embargo, según Harm Redution International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamiento con agonistas opioides en los centros de reclusión.

Algunos países ya han realizado grandes progresos al respecto en los últimos años. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan los refugiados y de las repercusiones de la guerra en Ucrania, Moldova, que tiene una prevalencia del VIH del 3,2 % en sus cárceles, en comparación con el 0,4 % de la población general, ha destinado muchos más recursos a sus centros penitenciarios.

A principios de los 2000, en pocas de sus cárceles se ofrecían servicios de reducción del daño. Hoy en día, los 17 centros penitenciarios del país prestan servicios relacionados con la reducción del daño, entre los que se incluyen el suministro de metadona (un tratamiento agonista opioide), el acceso a psiquiatras, médicos y programas de tratamiento, el intercambio de agujas y jeringuillas, y la prevención del VIH, con sus respectivas pruebas, tratamiento y atención.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, afirmó: «Se trata de anteponer a las personas, tratarlas como iguales y adoptar un enfoque sólido y de salud pública, basado en los derechos humanos y las pruebas».

ONUSIDA, UNODC, UNFPA, OMS, OIT y PNUD recomiendan 15 intervenciones completas y fundamentales para salvar vidas y garantizar un programa eficaz contra el VIH en los centros de reclusión. Entre ellas destacan la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento, los preservativos, el lubricante, el tratamiento con agonistas opiáceos y la profilaxis posterior a la exposición. Sin embargo, esto no es más que solo una parte de la solución. ONUSIDA también recomienda que los países modifiquen sus leyes con el fin de despenalizar la posesión de drogas para uso personal.

ONUSIDA ha establecido unos ambiciosos objetivos para 2025, entre los que se incluyen: El 95 % de las personas en cárceles y otros centros de internamiento conocen su estado serológico, el 95 % que conocen su estado serológico están en tratamiento y el 95 % en tratamiento están suprimidos viralmente; el 90 % de los reclusos utilizaron preservativos en su última relación sexual con una pareja no estable; el 90 % de los reclusos que se inyectan drogas usaron agujas y jeringuillas estériles en su última inyección; y el 100 % de los reclusos tienen acceso regular a un sistema de salud adecuado o a los servicios liderados por la comunidad.

ONUSIDA no se cansa de defender el papel activo de las comunidades a la hora de planificar, proporcionar y supervisar los servicios para el VIH. Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo en los entornos carcelarios. Sin el compromiso de la comunidad no será posible alcanzar las metas globales contra el sida. 

Para obtener más información sobre el trabajo de Moldova en relación con el VIH en las cárceles, se recomienda leer Moldova lleva los servicios de reducción del daño a todas las cárceles y ver https://youtu.be/JQYtnsiJKs0

El VIH y las personas recluidas en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión

GINEBRA/JOHANNESBURGO, 3 de mayo de 2023 - En respuesta a la aprobación del proyecto de ley antihomosexualidad por parte del Parlamento de Uganda, ONUSIDA ha advertido de que la entrada en vigor de dicha ley socavaría los esfuerzos de Uganda para poner fin al sida para 2030, al infringir los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la salud y a la vida. 

La directora de ONUSIDA para África Oriental y Meridional, Anne Githuku-Shongwe, afirmó: 

«Uganda ha hecho grandes progresos en la lucha contra la pandemia de sida. En el caso de que este nuevo proyecto se convierta en ley, no hay duda de que socavaría todo progreso.  

Sabemos que apartaría a las comunidades de los servicios que salvan vidas e impediría a los trabajadores sanitarios, incluidos los grupos de la sociedad civil, proporcionar los medios para la prevención del VIH, la realización de pruebas y la provisión de tratamiento. 

La realidad habla por sí sola: institucionalizar la discriminación y el estigma apartará aún más a las comunidades vulnerables de los servicios sanitarios que salvan vidas. Las diferentes investigaciones llevadas a cabo en el África subsahariana demuestran que, en los países que penalizan la homosexualidad, la prevalencia del VIH resulta cinco veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que en los países sin dichas leyes. 

Y al minar la salud pública, esta ley resultaría perjudicial para todos.

El dañino proyecto de ley contrasta considerablemente con la ola positiva de despenalización que está teniendo lugar en África y en todo el mundo, y gracias a la que se está consiguiendo eliminar cada vez en más países toda legislación punitiva aún vigente desde la época colonial. La despenalización salva vidas y beneficia a todos. 

Las organizaciones de salud pública acogieron con gran satisfacción el rechazo del anterior proyecto de ley por parte del presidente. Y puesto que este nuevo proyecto de ley, al igual que el anterior, perjudicaría la salud pública, resulta evidente que tampoco debería salir adelante».

Daouda Diouf acude diariamente al recinto del Fann Hospital. Es una de las 250 personas inscritas en el programa de terapia de sustitución de opiáceos (OST) del CEPIAD*. La OST es una intervención reconocida en todo el mundo para reducir las conductas de inyección que ponen a las personas que se inyectan drogas en riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades transmitidas por la sangre, como la hepatitis vírica.

«Yo estoy aquí para recibir mi tratamiento. Además, soy sastre, así que enseño a coser a otros usuarios de drogas», explicaba el Sr. Diouf mientras cortaba tela en su improvisado taller al aire libre. Mantenerse ocupado y vender sus prendas es lo que lo ha ayudado a mantenerse sano durante los últimos siete años.

Exactamente igual es el caso de otro de los participantes. Él ha descubierto su pasión por la jardinería, y ahora supervisa a otros pacientes en la zona verde del centro.

Para El Hadj Diallo, plantar semillas y podar árboles se ha convertido en una especie de terapia. «Cuando estamos aquí, nos olvidamos de nuestros problemas. Yo me siento feliz haciendo lo que hago, y es terapéutico para mí», aseguró.

Su otra terapia consiste en una dosis diaria de metadona. Mangane Boutha, el farmacéutico del centro, mide y distribuye cuidadosamente cada dosis en su oficina.

«La metadona es un medicamento que actúa como sustituto de la heroína, en nuestro caso es un jarabe que se dosifica en cantidades de 10 mg/ml con dosis que varían de un paciente a otro», explicó.

Fundado en 2014, CEPIAD ha atendido a más de mil personas y es uno de los primeros centros de reducción del daño en África occidental. Además de la sustitución de opiáceos, el intercambio limpio de agujas y el apoyo psicosocial, también ofrecen atención sanitaria.

«El CEPIAD se ha convertido en un centro de pruebas y diagnóstico tanto del VIH,  como de tuberculosis y hepatitis, y aparte también distribuimos preservativos», dijo el Dr. Idrissa Ba, quien coordina el centro.

En Senegal, la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas es del 9 %, muy por encima del 0,5 % entre la población general. En todo el mundo, debido al estigma y la criminalización, las personas que se inyectan drogas se enfrentan a un riesgo 35 veces mayor de infección por el VIH que las personas que no se inyectan drogas.

Aunque tres cuartas partes de los pacientes son hombres, CEPIAD trabaja duro para llegar a más mujeres. De acuerdo con el Dr. Ba, entre las personas que consumen drogas, es más probable que sean las mujeres las que vivan con el VIH. 

Mariama Ba Thiam, que antes consumía drogas, vivió durante años en las calles. Ahora es educadora entre iguales en Dakar.  «Me muevo entre la comunidad y visito a los colegas para concienciarlos respecto de la importancia de dejar las drogas. También les insisto en todo lo referente a los riesgos para la salud. Para ello los remito a CEPIAD, donde, igual que a mí, pueden ayudarlos a dejar las drogas», explicó.

Su ruego: Conseguir una mayor financiación para que más mujeres y jóvenes acudan al centro.

En Senegal, aunque el consumo de drogas es un delito penal, el trabajo de CEPIAD cuenta con el apoyo del Gobierno, las Naciones Unidas y otros socios.

En el Día Internacional de la Reducción del Daño, ONUSIDA cree firmemente que, si de verdad queremos poner fin al sida para 2030, no podemos dejar a nadie atrás. Y ahí se incluye a todas las personas que consumen drogas.

* El Centro de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD)

BANGKOK, 15 de abril de 2023 — ONUSIDA aplaude la decisión tomada hoy por los responsables políticos de las Islas Cook de suprimir de la Ley de Delitos (Crimes Act) las leyes que prohíben actos sexuales consentidos entre hombres. Con la despenalización de las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, la nación del Pacífico se une a un movimiento mundial de afirmación de los derechos humanos en defensa de la no discriminación y de la intimidad.

"La última medida de las Islas Cook forma parte de una oleada de avances mundiales en torno a la eliminación de leyes que dañan a los ciudadanos. Inspirará a países de todo el Pacífico, Asia y del resto del mundo a seguir su ejemplo. La despenalización salva vidas", declaró Eamonn Murphy, Director Regional de ONUSIDA para Asia y el Pacífico.

La criminalización de las relaciones homosexuales socava los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). Las leyes punitivas refuerzan la estigmatización y la discriminación contra las personas LGBT y socavan su acceso a los derechos, tratamientos y oportunidades que sí están a la disponibilidad de las demás personas. Estas leyes también obstaculizan el acceso a servicios vitales, entre ellos la asistencia sanitaria sexual y reproductiva.

“Esta decisión de las Islas Cook va a salvar vidas”, afirmó el Sr. Murphy. “La abolición de leyes coloniales punitivas y discriminatorias en todo el mundo es fundamental para la preservación de la salud pública y para garantizar también el fin de la epidemia del sida”.

El apoyo bipartito que recibió el proyecto de ley Crimes (Sexual Offences) Amendment Bill demuestra que los responsables políticos, la sociedad civil y las comunidades pueden llegar a un acuerdo para elaborar leyes que construyan sociedades más justas y equitativas.

En 1988, un grupo de activistas se reunió en Fortaleza, la quinta ciudad más grande de Brasil y capital del estado nororiental de Ceará, para crear el capítulo local de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH y SIDA (RNP+CE). El objetivo era asegurar que las personas que viven con el VIH pudieran tener garantizado el derecho a la atención, la adherencia al tratamiento y la asistencia legal.

Actualmente, la ONG también ofrece talleres educativos, apoyo a la prevención combinada de infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras actividades para más de 1,000 personas registradas. Entre ellos está Carlos Salmão, un activista del VIH residente en Fortaleza, que se sintió individual y colectivamente acogido por la organización. "Este apoyo fue muy importante para mí y es fundamental para las personas que viven con el VIH aquí en Ceará porque es una referencia de la respuesta a la epidemia de SIDA. Por eso siento placer en contribuir", explica.

La RNP+CE fue una de las cinco ONG brasileñas que recibieron recursos de la iniciativa de subvenciones Fast-track Cities, lanzada por ONUSIDA en 2022. Con el premio, la organización desarrolló acciones en torno a dos objetivos: aumentar la vinculación y la adhesión de poblaciones clave vulnerables a prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH mediante la difusión y el intercambio de información con los profesionales de la salud y el público en general; y mejorar el conocimiento de la estrategia Indetectable Igual a Intransmisible (U = U) en la ciudad de Fortaleza mediante la realización de campañas de comunicación.

Acciones del proyecto y participación del gobierno municipal

El proyecto involucró a 10 activistas seropositivos locales en el desarrollo e implementación de las campañas de comunicación. También participaron en la preparación de un seminario que reunió a 120 personas de la sociedad civil para dialogar y presentar a los representantes de los gobiernos municipales propuestas para mejorar la atención a las personas que viven con VIH, a partir de las perspectivas y necesidades reales de los usuarios de la salud pública. servicios en Fortaleza. Otro tema de discusión fueron los desafíos y la importancia de garantizar un nivel satisfactorio de adherencia al tratamiento del VIH para evitar el abandono.

Aún como parte del proyecto, se elaboró y distribuyó un cuadernillo sobre VIH, autoestima y salud, que brinda información práctica para las personas que reciben un diagnóstico positivo de VIH. Además, en coordinación con el gobierno municipal, RNP+CE imprimió y distribuyó más de 3.000 ejemplares de afiches sobre adherencia al tratamiento del VIH y sobre U=U. Este material fue exhibido en lugares de alta concentración de personas, como terminales de ómnibus, alcanzando cerca de 1,1 millones de personas al día.

La participación de los funcionarios del gobierno local fue un elemento estratégico para el éxito del proyecto, ya que están en contacto directo con la realidad y los desafíos existentes. “Todavía estamos lejos de llegar a un nivel ideal donde haya menos necesidad de reforzar estas acciones [VIH], pero estamos avanzando en esa dirección con un trabajo constante y bien estructurado”, dice Carlos Paiva, coordinador de IST/AIDS en la Secretaría Municipal de Salud de Fortaleza.

Ariadne Ribeiro, Oficial de Igualdad y Derechos para Todas las Personas de ONUSIDA, está de acuerdo y agrega: "Es gratificante ver cómo el diálogo entre las comunidades, la sociedad civil y el gobierno municipal avanza hacia un objetivo común, que es la mejora de las políticas públicas". en la ciudad de Fortaleza para las personas que viven con el VIH y acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública".

WASHINGTON D.C., 12 de abril de 2023 — El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) ha designado hoy la iniciativa Global Health Policy and Politics de Georgetown centro colaborador de las Naciones Unidas para apoyar y hacer avanzar las políticas y leyes que afectan al VIH/sida con el preponderante objetivo de abordar las desigualdades que impulsan la pandemia.

En colaboración con la Georgetown School of Health y el O’Neill Institute for National & Global Health Law, la iniciativa Global Health Policy and Politics aprovecha los conocimientos académicos y técnicos de los expertos en política y derecho de toda la Universidad de Georgetown. Matthew Kavanagh, Director de la iniciativa Global Health Policy and Politics del O'Neill Institute y profesor adjunto de salud mundial en la School of Health, será quien dirija el centro colaborador.

"Las fuerzas jurídicas y políticas siguen configurando no solo el sida, sino todas las pandemias de nuestro tiempo. Con Kavanagh como líder, esta nueva relación con el centro colaborador ayudará a reforzar el trabajo que realizó en ONUSIDA durante el último año y medio y a profundizar nuestros esfuerzos conjuntos para crear el entorno jurídico y político necesario para acabar con el sida", declaró Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, durante una visita a Georgetown el 12 de abril.

De septiembre de 2021 a enero de 2023, Kavanagh fue Director Ejecutivo Adjunto Interino de ONUSIDA y Asesor Especial de Byanyima en la creación de una nueva rama de política, activismo y conocimiento en ONUSIDA. Kavanagh asentó las bases para lograr la nueva y ambiciosa Estrategia Mundial contra el Sida, centrada en acabar con las desigualdades que subyacen a esta persistente pandemia.

"En nuestro centro colaborador estamos deseando trabajar con compañeros de las Naciones Unidas de todo el Programa Conjunto para profundizar en los determinantes políticos de la salud y contribuir a la elaboración de leyes y políticas que ayuden a poner fin a la pandemia de VIH/sida y a aumentar la resiliencia ante futuras pandemias", declaró Kavanagh. "Junto a mis compañeros de salud global en el O'Neill Institute, en la School of Health y a través del Global Health Georgetown Institute, podremos amplificar nuestro trabajo colectivo para seguir avanzando en el uso eficaz del derecho y la política en respuesta a los desafíos de salud pública mundial, incluido el VIH".

El trabajo de la iniciativa Global Health Policy & Politics incluye el HIV Policy Lab, un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Georgetown, ONUSIDA y la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH para documentar, monitorizar y, en última instancia, mejorar los entornos políticos relacionados con el VIH en todo el mundo, así como trabajar en el seguimiento dirigido por la comunidad y en la investigación en ciencias sociales sobre los factores políticos determinantes de la salud.  La iniciativa se creó en el O’Neill Institute, uno de los principales institutos de derecho y política sanitarios que considera que el derecho es una herramienta esencial para resolver problemas de salud críticos en el mundo.

“Estamos encantados de poder colaborar con ONUSIDA para lanzar este innovador centro colaborador”, declaró Lawrence O. Gostin, Juris Doctor y Decano del O’Neill Institute, también designado centro colaborador de la OMS. “Durante los últimos 15 años, la misión del O’Neill Institute ha sido luchar por la sanidad y la justicia promoviendo leyes y políticas con el objetivo de afrontar los críticos retos sanitarios en todo el mundo. El sida ha cambiado el mundo y ha demostrado el poder de la movilización social. Bajo la extraordinaria dirección de Matt Kavanagh y en colaboración con la School of Health, el centro va a marcar una gran diferencia en la salud pública y justicia mundiales. Estoy orgulloso de que podamos trabajar en estrecha colaboración con ONUSIDA”.

“Esta colaboración refleja nuestro compromiso con la equidad y presenta nuevas oportunidades interdisciplinares a estudiantes y profesores para potenciar sus conocimientos y formular políticas en el nexo entre desigualdad, derecho, política y VIH”, detalló Christopher J. King, decano de la School of Health, un hogar para que académicos y estudiantes puedan trabajar colaborando entre disciplinas para abordar la salud y el bienestar humanos desde diferentes perspectivas. “También somos muy afortunados de trabajar junto a los miembros de la facultad del Global Health Institute de Georgetown, los cuales aportan importantes conocimientos académicos y fortalezas técnicas en muchos aspectos del trabajo en la lucha contra el VIH/sida”.

Firmado hoy mismo, este acuerdo establecido con el centro colaborador proporciona un marco para el diálogo y la cooperación interinstitucionales. En los meses siguientes, las instituciones trabajarán para poner en marcha un conjunto de actividades centradas en la desigualdad, para celebrar reuniones formales y bilaterales de consulta y para ayudar a compartir datos y análisis políticos en los próximos años.

Financiar plenamente la respuesta al VIH para encarrilarla de nuevo hacia la consecución de los objetivos de 2030 generará importantes beneficios sanitarios, sociales y económicos en los países africanos. Estas conclusiones se destacan en el nuevo informe, Un triple dividendo: los beneficios sanitarios, sociales y económicos de la financiación de la respuesta al VIH en África, que se presentará el 12 de abril en un acto interactivo en Washington D.C. coorganizado por ONUSIDA y PEPFAR

WASHINGTON D.C. / GINEBRA, 12 de abril de 2023 — Las investigaciones y análisis realizados por Economist Impact en 13 países africanos demuestran que la financiación íntegra de la respuesta al VIH salvará millones de vidas y generará importantes beneficios sanitarios, sociales y económicos.

No solo habría entre un 40 % y un 90 % menos de nuevas infecciones por VIH, dependiendo del país, sino que la inversión en la epidemia del VIH también mejoraría los resultados educativos, especialmente para las mujeres jóvenes y las niñas, reduciría las desigualdades de género e impulsaría el crecimiento económico.

Si en Sudáfrica, por ejemplo, se cumplen los objetivos de financiación íntegra de la respuesta al VIH, las mujeres de entre 15 y 19 años representarían casi el 15 % de la reducción de nuevas infecciones por el VIH en 2030, a pesar de constituir menos del 5 % de la población total. Además, el aumento de las inversiones en VIH en la actualidad contribuiría a unos beneficios económicos más amplios y sostenidos para 2030 y, en última instancia, liberaría los recursos escasos en el futuro para abordar otras prioridades sanitarias críticas. El informe prevé que el PIB de Sudáfrica podría aumentar un 2,8 % y el de Kenya un 1,1 % de aquí a 2030 si se cumplen los objetivos de financiación del VIH.

 Este informe llega en un momento crítico, con pruebas que deberían servir de catalizador para tomar decisiones políticas que garanticen la plena financiación de la lucha contra el VIH, lo que dará lugar a importantes resultados sociales y económicos y, además, encaminará a los países africanos hacia la creación de sistemas sanitarios más resistentes y mejor preparados para prevenir futuras pandemias", declaró Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. "Es esencial tomar decisiones audaces ahora para acelerar y aprovechar las inversiones en la financiación del VIH y la sanidad para lograr una mayor equidad, sociedades más fuertes y crecimiento económico".

"El Gobierno de Estados Unidos se enorgullece de unirse a otros Estados Miembros de la ONU para adoptar nuevos y audaces compromisos de financiación en la lucha contra el VIH/sida para 2025. Poner fin al VIH/sida como amenaza para la salud pública requiere liderazgo político, programático y financiero. Todos los sectores del gobierno, incluidos los Ministerios de Economía, desempeñan un papel clave en el aumento de la financiación nacional para garantizar que se llega a las poblaciones vulnerables de forma equitativa y que estas reciben los servicios de prevención, atención y tratamiento que necesitan", declaró el Embajador Dr. John N. Nkengasong, EE.UU.,  Coordinador Mundial de los Estados Unidos para el Sida y Representante Especial para la Diplomacia Sanitaria Mundial.

El informe, Un triple dividendo: los beneficios sanitarios, sociales y económicos de la financiación de la respuesta al VIH en África, demuestra que no movilizar la financiación necesaria para acabar con el sida como amenaza para la salud pública en 2030 acarrea considerables costes sanitarios, sociales y económicos.

Para evaluar estos costes, Economist Impact, con el apoyo de ONUSIDA, analizó escenarios en los que se comparaba el 100 % de los recursos financieros necesarios para cumplir los objetivos de la Declaración Política sobre el VIH y el Sida de 2021 con un escenario de financiación habitual en el que se mantienen la cobertura económica y los niveles de servicio actuales para el VIH. Las mejoras resultantes en los efectos sanitarios también aumentarían los beneficios educativos, que combinados, generarían un incremento de la productividad en generaciones presentes y futuras, contribuyendo así a mayores ganancias económicas.

“Los países en África se están enfrentando a grandes desafíos para conseguir los recursos necesarios con el objetivo de aumentar la financiación nacional para la respuesta al VIH. Los legisladores tendrán que pensar de manera creativa en nuevas formas de hacer uso de la financiación actual con más eficacia. Recurrir a las redes existentes centradas en la comunidad podría desempeñar un papel clave tanto en movilizar recursos adicionales para la respuesta al VIH como en garantizar su reparto equitativo y su llegada a los más necesitados”, expuso Rob Cook, director clínico del programa en Economist Impact.

Las crisis mundiales recientes, entre ellas la COVID-19 y la guerra de Ucrania, han obstaculizado los esfuerzos para enfrentarse a la epidemia del VIH y han ejercido gran presión sobre la financiación de la sanidad y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mujeres jóvenes, los niños y otras poblaciones vulnerables serán los que paguen el mayor precio, ya que las desigualdades socioeconómicas y sanitarias preexistentes siguen creciendo. Los importantes retos fiscales a los que se enfrentan los países africanos han limitado su capacidad para aumentar la financiación nacional de la respuesta al VIH y han restringido sus presupuestos destinados a la sanidad general. Las investigaciones de Economist Impact apuntan hacia una necesidad de políticas que tengan como objetivo generar nuevas fuentes de ingresos y aprovechar al máximo el uso de fondos y recursos existentes.

ONUSIDA calcula que los países de renta media y baja necesitarán inversiones de 29 000 millones de dólares anuales para cumplir con los objetivos de poner fin a la epidemia del sida como amenaza para la salud pública en 2030. Los niveles de financiación en 2020 se desplomaron casi un 30 % por debajo de los objetivos, lo que resultó en que las posteriores necesidades de recursos fueran más difíciles de satisfacer y se alejara aún más de los objetivos futuros.

Se esperan más de 7 millones de muertes relacionadas con el sida, pero la mitad de ellas pueden evitarse si la respuesta se financia por completo y si las políticas toman la dirección correcta.  

Entre los objetivos mundiales para el 2025 se incluyen: reducir las nuevas infecciones por el VIH a menos de 370 000 (frente a las 1,5 millones en 2021), disminuir las infecciones por el VIH entre mujeres jóvenes y adolescentes a menos de 50 000 y reducir el número de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el sida a menos 250 000 (en comparación con los 650 000 fallecidos en 2021).

El acto Triple Dividendo y el lanzamiento del informe incluirán a:

• Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA 
• John Nkengasong, Embajador de Estados Unidos. Coordinador Mundial para el Sida y Representante Especial para la Diplomacia Sanitaria, PEPFAR 
• Mthuli Ncube, Ministro de Economía de Zimbabwe
• Allan Maleche, Director Ejecutivo de la ONG Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS (KELIN) 
• David Humphries, Responsable Mundial de Política Sanitaria de Economist Impact

El acto va ser moderado por:

• Jennifer Kates, Vicepresidenta Senior y Directora del programa Global Health & HIV Policy de la Kaiser Family Foundation (KFF)

Puede seguirlo en línea:

https://youtube.com/live/LHPZsr2VSLs?feature=share

Ratrish Saha es una mujer transgénero de Calcuta (India). Aún contando con siete años de experiencia laboral, el año pasado se encontró inquieta a la hora de solicitar un nuevo empleo. 

"Encontrar trabajo nunca es fácil siendo una mujer transgénero. Me rechazaban con frases como: 'actualmente no estamos contratando a personas LGBTI+' o 'no tenemos las instalaciones necesarias para admitir a una persona trans en nuestra oficina'", recuerda. Pero a través del Transgender Welfare Equity and Empowerment Trust o de la TWEET Foundation, se le ofrecieron oportunidades adecuadas en empresas que habían recibido formación en materia de sensibilidad. Pronto consiguió el puesto de consultora asociada para Siemens Technology en Bangalore. 

Sobre el proceso de entrevistas, afirmó: "Solo hablé de mis habilidades y no incluí explicaciones de género de ningún tipo en esas conversaciones". La Sra. Saha, eufórica, comenta que está "aprovechando la oportunidad... poniendo todo mi empeño en ello".  

Las personas transgénero de la India disponen ahora de una nueva vía hacia trabajos dignos gracias a la colaboración para el desarrollo entre comunidades, gobierno y asociados.

En vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Delegación Nacional de ONUSIDA para la India y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaron la Trans Employment Mela, una feria del empleo en Nueva Delhi. La iniciativa fue organizada conjuntamente por el National Institute of Social Defence, el Ministry of Social Justice and Empowerment, la TWEET Foundation e In Harmony, una consultoría centrada en diversidad. 

El objetivo del programa es acelerar la inclusión socioeconómica de la comunidad trans sensibilizando a las grandes empresas sobre sus problemas y ofreciéndoles una plataforma para ponerles en contacto con puestos de trabajo en organizaciones inclusivas.  

"Este planteamiento no solo brinda la oportunidad de entablar un diálogo entre representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas, sino que también facilita el acceso a la formación en capacidades, el asesoramiento profesional, el apoyo al emprendimiento y el apoyo de mentores", explicó Maya Awasthi, copresidenta y cofundadora de la TWEET Foundation. 

La Ley de Personas Transgénero de 2019 (Protección de Derechos) de India prohíbe la discriminación laboral hacia las personas trans, tanto en el sector público como en el privado. Aunque las partes interesadas señalan aspectos de la ley que podrían reforzarse, reconocen que la amplia disposición contra la discriminación crea una vía hacia la construcción de una cultura más inclusiva y la búsqueda de reparación cuando se vulneran los derechos. 

Abordar la desigualdad en el acceso a empleos es importante para la respuesta al VIH. En 2021 la prevalencia del VIH entre las personas transgénero en la India era del 3,8 %, casi 20 veces más que la media nacional. Un estudio encargado por la National Human Rights Comission de la India reveló que, en 2017, solo el 6 % de las personas transgénero tenían un empleo formal en el sector privado o en organizaciones no gubernamentales (ONG). En torno al 5 % se dedicaba al trabajo sexual y al servicio doméstico respectivamente. El 13 % vendía comida y otros productos y el 11 % informó que mendigaba.  

“Hay muchas formas con las un empleo estable y mejor remunerado puede reducir la vulnerabilidad al VIH”, expuso David Bridger, el Director Nacional de ONUSIDA en la India, David Bridger. “Si hacemos frente a las desigualdades que han alejado de manera injusta a las personas trans de sus oportunidades, podremos ayudar a construir una comunidad más empoderada en la que todos desarrollen su potencial mientras gozan de mejor salud y bienestar en el proceso”. 

El estudio de la Human Rights Comission de 2017 reveló que alrededor de la mitad de la población transgénero nunca fue a la escuela. Varios asociados para el desarrollo están apoyando iniciativas para proporcionar a la comunidad oportunidades educativas en un entorno libre de estigma social y formación en competencias para fomentar la autosuficiencia. 

Aarav Singh es un hombre trans que llevaba seis meses desempleado. Consiguió unas prácticas de recursos humanos en Roop Automotives gracias a la campaña Trans Employment Mela.  

“Se trata de una organización sensibilizada y trans-inclusiva en la que no he tenido ni un solo problema con la documentación. Y no solo yo; mis amigos también han conseguido grandes oportunidades en algunas de las principales empresas trans-inclusivas”, matizó el Sr. Singh. “Espero que esto siga así”. 

Aunque los beneficiarios del Trans Employment Mela reconocen la dimensión comunitaria de su desafío, se sienten, en otros aspectos, como cualquier otro joven profesional o recién graduado.  

Yumnam Thawalngamba Meetei terminó su Máster en Administración de Empresas en 2022 pero le resultó complicado encontrar un puesto en gestión o incluso un empleo más modesto.  

“Con la ayuda de la TWEET Foundation entré a trabajar en Mahindra Logistics Limited como Ejecutivo de Gestión de Talento y Desarrollo Organizativo en Mumbai”, aseguró el Sr. Thawalngamba. “Estoy agradecido por que este empleo sea el primer paso en mi camino hacia el éxito”. 

Zara Fauziah es una mujer transgénero de Indonesia. Se enteró de que vivía con el VIH en 2017, pero durante cuatro años se enfrentó sola a su diagnóstico. El hospital donde podía recibir tratamiento no era acogedor.

Rere Agistya, otra mujer trans indonesia, explica el porqué: "Muy a menudo nos dan charlas con el supuesto propósito de curarnos cuando venimos a obtener servicios o a que nos realicen pruebas del VIH.  La mayoría de las veces culpan a nuestras acciones: ‘Si ya sabes que eres hombre, ¿por qué quieres ser mujer?’"

Muchos países en la región de Asia y el Pacífico carecen de directrices nacionales sobre atención a personas transgénero. Como consecuencia, los trabajadores sanitarios no suelen prestar servicios libres de discriminación y adecuados desde el punto de vista médico.

Se trata de una laguna crítica para la respuesta al sida, dadas las tasas de VIH desproporcionadamente altas entre las personas transgénero. La prevalencia del VIH en la comunidad ronda el 4 % en India y Filipinas. En Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia, aproximadamente una de cada diez mujeres transgénero vive con el VIH.

Samira Das vive en Chingrihata, India. Es una hijra (las hijras incluyen a las personas transgénero e intersexuales).

"Cuando mis familiares se enteraron de que era VIH-positiva, separaron mis utensilios y otros objetos de los suyos. Me trataron, pero me mantuvieron aislada. Me quedé allí, soportándolo todo", rememoró la Sra. Das.

La médica e investigadora transgénero indonesia, Alegra Wolter, afirmó: "Hoy en día las personas no mueren por VIH. Mueren por el estigma social y la discriminación que rodean su salud física y mental y, a veces, su sexualidad, así como por otros factores sociodemográficos.  He visto a personas trans que abandonan su medicación contra el VIH porque no reciben los servicios de salud mental adecuados".  

Sin embargo, la Sra. Alegra subraya que el problema va más allá del VIH.  Las personas transgénero carecen de un acceso adecuado a todos los servicios, desde la asistencia sanitaria primaria hasta la terapia hormonal. Con el apoyo del Fondo Robert Carr, Youth LEAD se asoció con la Asia Pacific Transgender Network (APTN, por sus siglas en inglés) para realizar un análisis de la situación del acceso de los jóvenes trans a la asistencia sanitaria en Indonesia, Tailandia y Filipinas.  

Leo Villar, responsable de la sección de Comunicación y Proyectos de Youth LEAD, explicó: "Realizamos el estudio para aumentar la visibilidad de los jóvenes trans en el debate sobre los derechos y la asistencia sanitaria de las personas trans, especialmente porque sufren estigmatización y discriminación como jóvenes y como personas trans. El estudio demostró que los jóvenes buscan conocimiento de sus iguales y se someten a tratamientos caseros. Esto podría conducir a una información sanitaria incorrecta y al uso indebido de hormonas o medicamentos contra el VIH". 

Las conclusiones preliminares del estudio en línea encargado en diciembre de 2022 revelaron que muchas personas transgénero de entre 18 y 30 años sufren discriminación sistémica y abusos cuando acceden a la asistencia sanitaria.  

Uno de los encuestados relató: "Viví un incidente en el que un funcionario me pidió el documento de identidad y luego se burló de mí. Esta situación me inquietó porque ocurrió dos veces. Por ello, he estado evitando los servicios sanitarios". 

 El investigador Benjamin Hegarty apuntó que más de la mitad de los participantes del estudio (52 %) coincidían en la preocupación por los prejuicios motivados por su identidad de género o sexualidad al acceder a la atención sanitaria. Alrededor de un tercio consideró que esto podría repercutir negativamente en sus evaluaciones y diagnósticos. Cuando se les interrogó por sus prioridades principales en materia de asistencia sanitaria y financiación, la mayoría de los encuestados reclamó la necesidad de clínicas de género, acceso a cobertura sanitaria universal y a servicios de asesoramiento y de salud mental. En los primeros puestos de la lista también figuraban la investigación en salud para las personas trans y la educación en diversidad de género. 

La APTN acaba de lanzar el Towards Transformative Healthcare Module. Se trata de un curso formativo en línea, autodidáctico e interactivo, diseñado como recurso introductorio a la asistencia sanitaria competente para las personas trans y para la afirmación de género y destinado a profesionales médicos y otros trabajadores sanitarios en Asia y el Pacífico. Esto incluye a aquellos que trabajan en atención primaria y en servicios sanitarios comunitarios.  

Este módulo emplea un enfoque basado en derechos y se aleja de los modelos patologizan, es decir,  ue tratan a las personas transgénero como algo anormal. En su lugar, fomenta una atención innovadora y que tiene en cuenta los aspectos culturales. Se abordan doce temas, entre ellos la diversidad de género, la salud mental, sexual y reproductiva y la atención para la afirmación de género. 

“A través de este módulo, los profesionales sanitarios y usuarios trans pueden aprender a trabajar juntos para crear un cambio positivo y lograr así el control de la epidemia del VIH”, expuso Joe Wong, Director Ejecutivo de la APTN. “Hacemos hincapié en los principios básicos que los profesionales sanitarios pueden poner en práctica incluso en zonas con recursos y oportunidades de formación limitados”. 

Las convenciones Southeast Asia Stigma Reduction Quality Improvement Community of Practice están convocadas conjuntamente por la iniciativa HEALTHQUAL de la Universidad de San Francisco en California (UCSF, por sus siglas en inglés), la Red de Asia y el Pacífico de personas que viven con el VIH (APN+) y el Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para Asia y el Pacífico. Como parte de su objetivo conjunto de reducir la estigmatización y la discriminación en entornos sanitarios, estas iniciativas buscan mejorar las experiencias sanitarias de las personas trans con la formación de alianzas entre profesionales, legisladores y comunidades. 

“Se pueden realizar cambios en centros sanitarios y comunidades que marquen grandes diferencias en la vida de las personas transgénero”, reflexionó Quinten Lataire, Asesor Regional en Derechos Humanos y Legislación de ONUSIDA. “La colaboración con comunidades, la exploración entre compañeros y la creación de servicios clínicos accesibles son enfoques de eficacia demostrada. Asimismo, los usuarios transgénero necesitan formación para aprender a hacer uso de la atención sanitaria, al igual que asesoramiento para poder procesar las cuestiones alrededor de su identidad de género”.  

Los espacios en línea pueden desempeñar un papel fundamental en esta función de apoyo comunitario. Por ejemplo, haciendo uso de la Subvención de Comunicaciones para la COVID-19 de ONUSIDA, la APTN desarrolló un Kit de herramientas en redes sociales para la resiliencia de las personas trans contra la COVID-19, que incluía contenido sobre salud mental, seguridad financiera, protección social y derechos humanos.  

La experiencia de la Sra. Fauziah es prueba del papel decisivo que una comunidad puede llegar a desempeñar. En 2021 contactó con la organización Sanggar Swara. No solo le han asistido en el seguimiento de su tratamiento, sino que también le han proporcionado apoyo emocional. 

“Tu trabajo no es juzgar a la gente. Cuando tu paciente es alguien de diferente género u orientación sexual, lo único que busca es tu ayuda. Necesitamos cuidados, pero también necesitamos espacios donde podamos ser nosotros mismos sin tener que ocultarnos”, reclamó la Sra. Fauziah. 

Vea el vídeo de la APTN “El precio de la estigmatización: las personas transgénero que viven con el VIH luchan por acceder a la asistencia sanitaria” (129) El precio de la estigmatización: Las personas transgénero que viven con el VIH luchan por acceder a la asistencia sanitaria