«Si estoy destinado a ser un líder, debía ser sincero», dijo Lloyd Russell-Moyle, un diputado del Parlamento británico, al reflexionar sobre la valentía que tuvo cuando reveló su estado seropositivo en la Cámara de los Comunes (House of Commons) a finales de noviembre de 2018, unos días antes del Día Mundial del Sida.

Russell-Moyle explicó que, durante años, había alabado a personas que realizaban una excelente labor en el campo del VIH, pero no se había sincerado ni había sido honesto sobre su estado seropositivo.

«Cuanta menos gente hable sobre ello, más difícil será para el resto hacer lo propio. Como diputado del Parlamento británico, mi labor incluye predicar con el ejemplo, ser un defensor y un apoyo para las personas que sufren esta enfermedad», dijo el diputado. 

En su discurso en la Cámara de los Comunes, describió el miedo que sintió cuando descubrió que estaba viviendo con el VIH hace casi 10 años. En su opinión, hay un estigma social interno que le cohibió a hablar sobre su estado por miedo a la «propagación» de, lo que solía ser, una enfermedad mortal y por el miedo a que el resto lo rechacen al descubrir su condición de portador del VIH.

«Es este estigma el que hace que, lo que actualmente es una enfermedad tratable, se convierta en una enfermedad mortal debido al impacto que tiene en la salud mental de las personas y al acceso que hay a su medicación», expresó en su emotivo discurso el 28 de noviembre. En una entrevista telefónica con ONUSIDA, explicó que «de ninguna manera debemos ensalzar el VIH, pero se debe saber que es una enfermedad con la que se puede convivir y que se puede controlar». Además, afirmó con rotundidad, que vivir con el VIH no debe detener, de ninguna forma, la vida y las aspiraciones de nadie.

Lo que Russell-Moyle quiere desesperadamente es que la sociedad entienda mejor el VIH, por lo que dijo, «Quiero que llegue el momento en el que no tenga que explicar que si te tomas una pastilla al día, tu carga vírica pasa a ser indetectable y, por lo tanto, no le puedes transmitir el virus a nadie». 

Por esa razón, y contando con los líderes en el sector, la Asociación Británica de VIH (BHIVA), Lloyd Russell-Moyle quiere reformar ciertas leyes. Por ejemplo, una ley de la Unión Europea prohíbe que las personas que vivan con VIH puedan obtener una licencia de piloto.

«Es una ley completamente anticuada, más cuando el tratamiento contra el VIH en la actualidad requiere simplemente tomar una pastilla diaria, la cual no provoca ningún tipo de efecto secundario», explicó el político.

También se ha mostrado crítico con las reducciones presupuestarias que ha realizado el Gobierno británico en el sector de la salud pública. «A pesar de haber realizado grandes progresos, actualmente, nos encontramos en una encrucijada», dijo Lloyd Russell-Moyle. «Estamos en peligro de levantar el pie del acelerador justo antes de llegar a la meta». 

De hecho, vaticinó que la negativa a la financiación de la investigación de una posible vacuna y la reducción en los exámenes médicos y la prevención de salud sexual tendrá consecuencias negativas para el gobierno a largo plazo y destrozará un gran número de vidas. «Estamos en una carrera contra la enfermedad y, si frenamos ahora, probablemente veamos un rebrote» explicó el diputado británico.

De acuerdo con Public Health England, el 12% de las personas que viven con el VIH en Inglaterra no tienen constancia de su diagnóstico. Una fundación situada en Brighton emprendió la campaña Making HIV History para aumentar el conocimiento de la sociedad sobre esta enfermedad y para alentar a la población a que se presentase a las pruebas de diagnóstico. Lloyd Russell-Moyle señaló que la animación en vídeo del Stigmasaurus fue una gran herramienta para corregir los estereotipos existentes.

Para acabar, dijo: «Hemos conseguido los medicamentos y las herramientas que permiten que todo el mundo lleve una vida feliz, así que, para aquellos que no conozcan su estado: que se realicen las pruebas, que se sometan a tratamiento, todo saldrá bien. Todo está bien».

A pesar de la existencia de obligaciones y compromisos políticos en materia de derechos humanos, el estigma y la discriminación asociados al VIH siguen estando muy extendidos por todo el mundo y en todos los sectores de la sociedad.

Tras un llamamiento de la sociedad civil en 2017 para que se acelere y amplíe la acción para hacer frente al estigma y la discriminación, ONUSIDA, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Red Mundial de Personas que viven con el VIH (GNP+) acordaron organizar de manera conjunta la Asociación Mundial para Eliminar Todas las Formas de Estigma y Discriminación asociados al VIH.

La Alianza Mundial se puso en marcha el 10 de diciembre, en el 70º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, durante un acto celebrado en Ginebra (Suiza). El grupo de personas que intervino en el acto incluía a Phanpob Plangprayoon, el Representante Permanente Adjunto de Tailandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de Ginebra, Dan Namarika, la Secretaria de Salud de Malawi, Raquel Duarte, la Viceministra de Salud de Portugal, y Simran Shaikh, un representante de la comunidad ante la Junta de Coordinación del Programa (JCP) de ONUSIDA.

Los ponentes presentaron programas que han resultado efectivos en la reducción del estigma y la discriminación asociados al VIH en las áreas en las que se centrará la asociación mundial, que son la atención sanitaria, el lugar de trabajo, la familia, los sistemas jurídicos y las situaciones de emergencia y humanitarias.

“Esta asociación tiene el objetivo de transformar los compromisos de los Estados miembros en programas con recursos que funcionen y que resulten en el disfrute de los derechos asociados al VIH para todos”, dijo Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA.

“La Red mundial de personas que viven con el VIH se complace de ser coordinadora adjunta de esta asociación mundial fundamental e innovadora que pretende transformar las mejores estrategias de nuestras comunidades para abordar y determinar el estigma y la discriminación asociados al VIH en unos objetivos mundiales prácticos y responsables”, dijo Javier Hourcade Bellocq, presidente de GNP+.

Las personas que viven con el VIH, los adolescentes, los jóvenes y los grupo de población clave sufren discriminación, entre la que se incluye la discriminación basada en el género o en la identidad de género, raza, etnia, edad, consumo de drogas, orientación sexual y situación migratoria. Estos agravantes añadidos de estigma y la discriminación aumentan su vulnerabilidad al VIH y perjudican sus derechos, entre ellos el derecho a la sanidad, al trabajo y a la educación.

Al final del acto, la delegación de la organización no gubernamental de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA instó a los organismos copatrocinadores, a los Estados miembros, a la sociedad civil, a los grupo de población clave y a sus asociados a que se uniesen a la asociación mundial y dirigiesen y respaldasen las acciones e inversiones del país para acabar con el estigma y la discriminación asociados al VIH.

Las leyes injustas pueden obstaculizar el acceso a los servicios de prevención o tratamiento del VIH, y lo que las personas que consumen drogas necesitan es ayuda y asistencia, no castigo: estas son las dos premisas sobre las que se ha construido el nuevo modelo legislativo en materia de drogas para África Occidental. El objetivo del modelo, que se lanzó el 11 de septiembre en Dakar (Senegal), es el de servir como orientación para que los responsables de las políticas de la región formulen leyes más adecuadas.

La tesis de que las leyes en materia de drogas actuales son ineficaces y muy costosas cada vez goza de mayor aceptación. El modelo legislativo muestra a los países cómo pueden modificar sus leyes para proteger la salud y bienestar de las personas permitiendo a un mismo tiempo que las fuerzas del orden se concentren en los delitos más graves relacionados con drogas.

“El riesgo de contraer VIH es 23 veces más alto entre las personas que se inyectan drogas y, además, tienen que enfrentarse a violaciones de los derechos humanos, entornos jurídicos punitivos y la exclusión de los programas sanitarios y de lucha contra el VIH”, apuntaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Es fundamental que los países adopten un enfoque basado en los derechos humanos y la evidencia científica que incluya servicios esenciales de reducción del daño para proteger la salud y el bienestar de las personas que se inyectan drogas y sus comunidades”.

El modelo legislativo en materia de drogas, redactado por la Comisión de África Occidental sobre las Drogas, un grupo de expertos de la región seleccionados por Kofi Annan, señala la necesidad de eliminar las barreras que impiden a las personas que consumen drogas acceder a los servicios sanitarios. Las personas que se inyectan drogas son uno de los grupos con un mayor riesgo de exposición al VIH, pero continúan estando marginados y, a menudo, fuera del alcance de los servicios sociales y sanitarios.

El modelo legislativo en materia de drogas sugiere eliminar las sanciones penales para las personas que consumen drogas y facilitar la disponibilidad de las medidas de reducción del daño. La eficacia de la reducción del daño está demostrada: cuando hay servicios de reducción del daño disponibles, el índice de nuevas infecciones por el VIH disminuye drásticamente. El modelo establece alternativas a las medidas punitivas y condenatorias para el consumo de drogas y la posesión para consumo personal.

“Nuestras leyes actuales en materia de drogas estigmatizan y penalizan a las personas que consumen drogas. Sin embargo, aislarlas de la sociedad o encerrar a un número cada vez mayor de ellas no resuelve el problema. Al contrario, agrava los problemas de salud y congestiona unos sistemas de justicia penal que ya están tremendamente saturados”, afirmaba Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y presidente de la Comisión de África Occidental sobre las Drogas.

El modelo legislativo en materia de drogas también pretende mejorar el acceso a medicamentos esenciales, como la morfina u otros opiáceos, para el tratamiento del dolor. Muchas personas de África Occidental no pueden utilizar los analgésicos que necesitan porque los médicos y otros profesionales sanitarios no los prescriben por temor a las consecuencias legales. Para contribuir a eliminar los obstáculos para acceder a dichos analgésicos, el modelo propone que se proteja de forma especial al personal sanitario.

La experiencia atesorada a lo largo de todo el mundo demuestra que es posible cambiar las leyes en materias de drogas para mejor. El nuevo modelo supone un paso adelante para lograr dichos cambios en África Occidental.

GINEBRA, 10 de agosto de 2018—ONUSIDA celebra el nombramiento de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, como jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas.

A principios de año, Bachelet concluyó su segundo mandato de cuatro años como presidenta, cargo que ya había desempeñado entre 2006 y 2010. Fue la primera mujer en ostentar la primera magistratura chilena. Tras el primer mandato, fue la primera persona en asumir el puesto de directora ejecutiva de la oficina de igualdad de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, con sede en Nueva York.

La política, que en el pasado era pediatra, también desempeñó puestos clave en el gobierno como ministra de Defensa y ministra de Salud de Chile.

El alto comisionado es el funcionario superior encargado de velar por los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, por el fortalecimiento de los mecanismos para defenderlos, por la lucha contra cualquier forma de discriminación, por la mejora de la eficacia y el cumplimiento de las normas, por la ampliación del espacio democrático y por la protección de los más vulnerables ante cualquier vulneración de los derechos humanos. La misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, es la de promover y proteger el carácter universal y la plena realización de los derechos humanos en todo el mundo, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas.

Uno de los eventos más vistos del año hizo que Cynthia Weber se preguntara lo siguiente: ¿puede resultar positivo que Sky News use la inteligencia artificial (IA) en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle?

Por primera vez en la historia, una cadena de noticias usó la IA para el reconocimiento facial durante una emisión en directo. Cynthia, una profesora de relaciones internacionales y de estudios de género en la Universidad de Sussex, comentó que usar un software para identificar a los invitados de una boda puede resultar ingenioso, pero existe una cierta inquietud en cuanto las consecuencias.

Durante un evento por el Día Internacional contra la Homofobia que tuvo lugar en Ginebra, en la sede central de ONUSIDA, Cynthia dijo lo siguiente: “Algunos afirman que esta tecnología puede averiguar la orientación sexual de las personas”.

Mencionó un estudio de la Universidad de Stanford que analizó más de 35 000 imágenes de una página web de citas estadounidense. Las fotografías pertenecían a personas blancas, sin discapacidad de entre 18–40 años; los investigadores compararon las orientaciones sexuales generadas a través de la IA con las que encontraron en sus perfiles de la web. El estudio mostró que la tecnología de reconocimiento facial a través IA podía averiguar la orientación sexual de un individuo con un 30 % más de precisión quelas personas.

Cynthia declaró que las organizaciones de promoción de la comunidad LGBTI definieron el estudio como “ciencia basura”, ya que empleó un método de muestras sesgado en razón de raza y edad, y equiparó la orientación sexual con la actividad sexual. Cynthia dijo lo siguiente: “La conclusión es que el algoritmo del estudio sobre inteligencia artificial solo encuentra lo que está programado para encontrar: estereotipos sobre heteros, gays y lesbianas”.

Ella considera que el conocimiento de la IA podría suponer avances en diversos ámbitos, pero constata bastantes más riesgos y peligros que ventajas para las personas LGBTI.

Cuando la IA entra en contacto con la tecnología de reconocimiento facial y un algoritmo de orientación sexual, surgen, al menos, cuatro cuestiones importantes. En primer lugar, la privacidad. En derecho nacional e internacional, la imagen de una persona no está protegida por las leyes de privacidad. Eso permite que las caras puedan ser escaneadas y analizadas por todo el mundo, desde gobiernos hasta Sky News.

En segundo lugar, la exactitud. Cynthia sostenía lo siguiente: “En un mundo más allá de la boda real, la tecnología de reconocimiento facial a través de inteligencia artificial está lejos de ser ideal, incluso cuando solo intenta relacionar los nombres con las caras, y, mucho menos, cuando intenta atribuir una presunta orientación sexual según el rostro”.

Para Cynthia el elemento clave es el conocimiento. ¿Cómo consigue un algoritmo sobre orientación sexual saber mejor que una persona cuál su propia sexualidad? Cynthia opina que un enfoque binario de datos codificados y legibles por ordenador no es compatible con el amplio espectro de género y sexualidad.

En definitiva, la cuestión de para qué se va a usar la información de la IA la preocupa. De hecho, lanzó la siguiente pregunta: “Dejemos que Sky News la use para comentar sobre la boda, pero ¿y si la policía la usa en países donde la homosexualidad es ilegal?”

Para Cynthia, la IA y la orientación sexual no son necesariamente beneficiosas la una para la otra. Entiende que la IA estimula la imaginación y conduce a la innovación, pero cree que la categorización de personas suele ser más perjudicial que beneficioso.

Concluyó con estas palabras: “La gente debe asegurarse de utilizar la inteligencia artificial de manera ética, y no sólo como una herramienta tecnológica”.

El evento tuvo lugar el 16 de mayo y fue organizado por la asociación suiza LGBTI Pride@Work y por UN Globe, una de las organizaciones del conjunto de las Naciones Unidas.

Las personas tienen derechos humanos fundamentales para poder tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Estos derechos se basan en preferencias personales sobre, entre otras cosas, la atención sanitaria y el tratamiento. Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, los temas clave que se han tratado son los derechos de las personas para decidir cuándo, si y con quién tener relaciones sexuales, hijos, casarse y su capacidad para expresar su género y sexualidad.

Recientemente, se reunieron los principales expertos legales de todo el mundo para sentar las bases de una serie de principios para responder al uso indebido y al abuso de las leyes criminales que afectan a los derechos humanos básicos, así como su impacto en la salud y en la igualdad. A lo largo de los próximos meses, se elaborarán dichos principios y se guiará a la sociedad civil y a los responsables políticos para el desarrollo y uso de las leyes que garantizan los derechos humanos y que protegen la sanidad pública.

Al comienzo de la reunión, Tim Martineau, Director Ejecutivo Adjunto de ONUSIDA, a.i., señaló: "Aunque hay avances significativos en la prevención del VIH, su tratamiento y atención, hay una gran discrepancia en la prevención del VIH en poblaciones clave, que son las más vulnerables a la infección por el VIH en muchos aspectos debido a la falta de protección jurídica y a la criminalización injusta de su comportamiento".

Los expertos legales se centraron en la criminalización relacionada con la sexualidad, la reproducción, el uso personal de drogas y la criminalización sobredimensionada de la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. En el mundo, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo estan criminalizadas en 73 países, con 13 Estados donde se impone la pena de muerte. A nivel mundial, el trabajo sexual está tipificado como delito en aproximadamente 116 países y unos 72 países criminalizan la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. A menudo, las leyes penales causan que aumente el estigma contra grupos que ya están marginados y excluidos y, además, se han asociado a la discriminación y a la negación de servicios sanitarios mínimos. La criminalización, a su vez, crea un entorno en el que las personas son menos propensas a buscar asistencia policial cuando se violan sus derechos.

Kate Gilmore, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó que el derecho penal juega un papel esencial en el reconocimiento, protección y cumplimiento de los derechos, incluida la lucha contra la impunidad por las violaciones de esos derechos. "Aquí, nuestro propósito es levantar el escudo del derecho penal reduciendo su espada, porque, si reducimos el abuso del derecho penal, aseguramos una mejor protección".

Sam Zarifi, el Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas, dijo, "El uso indebido del derecho penal afecta a los más marginados y, en particular, a quienes se les ha arrebatado sus bienes y se les ha privado del derecho al voto".

La reunión tuvo lugar el 3 y 4 de mayo y la dirigió la Comisión Internacional de Juristas, en colaboración con ONUSIDA y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En 2016, los Estados miembros acordaron un conjunto de objetivos en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Poner Fin al sida que deben cumplirse y ponerse en práctica en el mundo para erradicar la epidemia de sida en 2030. Uno de estos objetivos tiene como meta consolidar los sistemas nacionales de protección social y protección infantil. De esta manera se pretende garantizar que, para el año 2020, el 75 % de las personas que viven con VIH, las personas que viven con riesgo de infección o las personas afectadas por el VIH se beneficien de una protección social sensible con respecto del VIH. Dicho objetivo está basada en los derechos humanos. Además, se nutre y beneficia de la promoción, la protección y del cumplimiento de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas personas que viven con, en riesgo de o afectadas por el VIH.

Las pruebas muestran cómo los programas de protección social satisfacen las necesidades de las personas que son pobres y marginadas y cómo están aumentando los beneficios de las personas viven con, en riesgo de o afectadas por el VIH. La pregunta no es si la respuesta al sida debería aumentar la atención destinada a la protección social, sino cómo sería la mejor manera de aprovechar los recursos y las alianzas de los movimientos que trabajan sobre la erradicación de la pobreza y la desigualdad con el objetivo de trabajar con eficacia para acabar con el sida.

De 127 países que aparecen en los informes del Índice Compuesto de Política Nacional de ONUSIDA en el 2017, 109 (el 86 %) dijo que habían aprobado una estrategia de protección social, la política o el marco en 2016, y 99 de esos países (el 78 %) implementaron estos programas. Un total de 85 países declararon que sus estrategias eran sensibles al VIH al menos en cierta medida. Más de la mitad (47) de los 87 países con un mecanismo de coordinación para su estrategia de protección social han incluido a su programa nacional contra el sida en esa estructura. Sin embargo, sólo 12 países informaron que sus estrategias de protección social eran completamente sensibles al VIH.

Para intensificar los esfuerzos centrados en conseguir una protección social de vía rápida, ONUSIDA recientemente celebró una conferencia en la que los participantes escucharon acerca de cómo fortalecer los sistemas nacionales de protección social y de protección infantil. La conferencia se centró en tres objetivos: fortalecer los vínculos con los movimientos sociales y otros movimientos basados en acabar con la pobreza y la desigualdad; intensificar la acción de la protección social; y revitalizar la programación para el VIH, la seguridad alimentaria y la nutrición.

"Se necesitan vínculos más fuertes mediante sistemas de salud, educación y comunidad para reducir la vulnerabilidad de personas que viven con, en riesgo de y afectadas por el VIH a través de los servicios de protección social", afirma Tim Martineau, Director Ejecutivo Adjunto de ONUSIDA Programa, a.i.

En el evento también se vió el lanzamiento de un nuevo informe de ONUSIDA titulado Protección Social: un compromiso de vía rápida para poner fin al sida. El informe proporciona una guía sobre cómo aumentar lo que funciona en contextos diferentes al de la epidemia del VIH y para diversas poblaciones. Además, también proporciona asistencia a los gobiernos, a las personas que viven con o afectadas por el VIH, los responsables políticos y otras partes interesadas en cómo intensificar la integración del VIH, en la protección social y en otros programas para acabar con la pobreza y la desigualdad con el fin de terminar con el sida.

"Hay que recordar que, sin una mejora del bienestar material y emocional de las personas, no podemos terminar la epidemia de sida", dijo Denys Dmytriiev, de la All Ukrainian Network of People Living with HIV (Red de Todas las Personas Ucranianas que Viven con VIH).

La Conferencia Internacional sobre la Protección Social de vía rápida para poner fin sida se celebró en Ginebra (Suiza) los días 25 y 26 de abril.