GINEBRA, 16 de noviembre de 2020—ONUSIDA se complace de anunciar el nombramiento de Suki Beavers para ocupar el cargo de directora de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Participación Comunitaria en la División de Programas de ONUSIDA.

La Sra. Beavers se incorporará desde la Asociación Nacional de la Mujer y el Derecho de Canadá, en la que, como directora ejecutiva, lideró los esfuerzos por desarrollar un análisis jurídico feminista de gran calidad y estrategias de reforma legislativa para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad.

«Con una gran experiencia en derechos de la mujer y empoderamiento, violencia sexual y de género, salud sexual y reproductiva, y derechos humanos, la Sra. Beavers será de gran valor para ONUSIDA», dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Su pasión y su dedicación a la defensa los derechos de las mujeres y los más vulnerables serán inestimables a la hora de promover el trabajo de ONUSIDA en estos ámbitos cruciales».

En su nuevo papel, la Sra. Beavers liderará el trabajo de ONUSIDA para abordar los desafíos relativos a los derechos humanos, incluyendo los estigmas y la discriminación, la desigualdad y la violencia contra mujeres y niñas, el abuso del derecho penal y los enfoques punitivos que siguen estando entre los principales obstáculos para lograr unas respuestas al VIH efectivas. También supervisará el trabajo de ONUSIDA para conseguir igualdad de género, promover el empoderamiento de las mujeres y satisfacer la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Además, dirigirá la labor de apoyar el papel clave de la acción comunitaria en el activismo, la participación y la coordinación de las respuestas al sida y la prestación de servicios.

«Es para mí un honor unirme a ONUSIDA, especialmente ahora, mientras trabajamos por aumentar los esfuerzos mundiales, regionales, nacionales y locales necesarios para promover los derechos de las mujeres y las niñas, acabar con los estigmas y la discriminación, y reforzar y expandir la participación comunitaria como componente crucial de la respuesta al VIH», expresó la Sra. Beavers. 

ONUSIDA también querría dar las gracias a Luisa Cabal por asumir el papel de directora en funciones del Departamento desde junio de 2019.

GINEBRA, 8 de octubre de 2020— Gracias al gran bagaje que le han dado sus 40 años de respuesta al sida, ONUSIDA publica una nueva guía para reducir el estigma y la discriminación en el contexto de la COVID-19. Sus orientaciones parten de las últimas pruebas de lo que verdaderamente funciona para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el sida, y se puede aplicar a la COVID-19.

Desde que comenzara la pandemia de la COVID-19, se han denunciado diversas manifestaciones del estigma y la discriminación, incluyéndose entre ellas la xenofobia contra las personas a las que se culpa de traer la COVID-19 a los países. Asimismo, se han registrado agresiones contra los sanitarios y los supervivientes de la COVID-19 han sido en ocasiones víctimas de violencia tanto física como verbal. Igualmente, se han producido aún más ataques contra los grupos de población que ya estaban sometidos al estigma y la discriminación, entre los que se encuentran las personas que viven con el VIH, los miembros de minorías sexuales y de género, los trabajadores sexuales y los migrantes.

«Junto con el miedo y la incertidumbre que surgieron durante la pandemia, enseguida aparecieron el estigma y la discriminación», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «El estigma y la discriminación son contraproducentes. Exponen a las personas a la violencia, al abuso y al aislamiento; les impiden acceder a los servicios sanitarios y hacen que las medidas de salud públicas resulten ineficientes para controlar la epidemia».

El documento Abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19, ofrece a los países unas directrices para actuar respetando los derechos humanos, lo que se hace visible a través de la educación, el apoyo, las derivaciones a centros sanitarios y otras intervenciones. Mediante sus directrices, ONUSIDA busca ofrecer soluciones en seis áreas específicas: la comunidad, el lugar de trabajo, la educación, la atención sanitaria, la justicia y los entornos de emergencia/humanitarios.

Al igual que ya sucedió con la epidemia del VIH, el estigma y la discriminación minan considerablemente las respuestas a la COVID-19. Las personas que ya tienen interiorizado el estigma o que anticipan dichas actitudes estigmatizantes son más dadas a evitar los servicios relacionados con la atención sanitaria. Se muestran más reacias a someterse a las pruebas y admitir los síntomas, y tratan de desvincularse de la pandemia por todos los medios. 

«Sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no; somos conscientes de lo que debemos hacer para cambiar las creencias y los comportamientos. Durante los últimos 30 años nos hemos ocupado de liderar con gran éxito la respuesta al VIH, hemos logrado una experiencia ingente y muy valiosa. A lo largo del camino que hemos emprendido hemos recabado un gran conocimiento y cosechado una enorme sabiduría», admite Alexandra Volgina, coordinadora de programas de la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. «Queremos compartir todo ello para mejorar las vidas de las personas, para contribuir como mejor sabemos a superar la pandemia de la COVID-19».

Algunos países han recurrido a un derecho penal ya existente, y en otros casos han elaborado leyes específicas para la COVID-19, con el objeto de criminalizar la presunta exposición o transmisión de la COVID-19, y por ello han metido a más personas en cárceles, centros de detención u otras instalaciones de internamiento donde la enfermedad del nuevo coronavirus se transmite muy fácilmente.

«No hay mayor manifestación del estigma que cuando lo vemos encerrado en la propia ley. El empleo de las leyes penales y de otras medidas represivas injustificadas y desproporcionadas con relación a la COVID-19 está teniendo un impacto devastador sobre los más vulnerables de la sociedad, incluyéndose aquí muchas personas que viven con el VIH, ya que no se está sino exacerbando las desigualdades y perpetuando el estigma», insiste Edwin J. Bernard, director ejecutivo de HIV Justice Network. «Las medidas que respetan los derechos humanos y capacitan a las comunidades serán siempre infinitamente más eficaces que los castigos y encarcelamientos. Solo deseamos que estas recomendaciones basadas en pruebas para reducir el estigma y la discriminación relacionadas con la COVID logren ayudar realmente a quienes más lo necesitan».

Los informes de los que se dispone de los primeros días de la COVID-19 se hacen eco de la discriminación relacionada con el género y de la violencia de género, así como del acoso al que estuvieron sometidos los grupos de población clave, incluyéndose aquí los trabajadores sexuales. Igualmente en ellos se recogen los arrestos y las palizas sufridos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En abril de 2020, tras un gran número de denuncias por violencia y debido al enorme estigma y la gran discriminación derivados de la aplicación de medidas para controlar la COVID-19, ONUSIDA comenzó a identificar las acciones necesarias para responder, y en agosto publicó un informe titulado Derechos en pandemia, en el cual se recogen muchas de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en las primeras fases de la respuesta a la COVID-19.

La nueva guía, titulada Abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19 - Aplicando los datos empíricos de lo que funciona sobre el estigma y la discriminación relacionado con el VIH en seis entornos a la respuesta de la COVID-19 forma parte de los esfuerzos de ONUSIDA y la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH  para acelerar el progreso respecto al objetivo de la cero discriminación. Todo ello en línea con los compromisos políticos que los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron en la Declaración política de 2016 para acabar con el sida y lo recogido en el Objetivo 3 de desarrollo sostenible, de acuerdo con el cual se persigue acabar con el sida como amenaza de salud pública para el año 2030.

WASHINGTON, D.C./GINEBRA, 29 de septiembre de 2020—Pese a las décadas de avances científicos en la respuesta al VIH, el progreso en el mundo sigue siendo desigual. Mientras que algunos países están reduciendo rápidamente las muertes relacionadas con el sida y las nuevas infecciones por el VIH, otros están siendo testigos del crecimiento acelerado de la epidemia. Las leyes y políticas que se están aprobando son, en parte, responsables de tal divergencia. 

Lanzado hoy mismo, el Laboratorio de políticas para el VIH consiste en una iniciativa única para agrupar y supervisar las leyes y políticas relacionadas con el VIH vigentes en todo el mundo. 

«Las leyes y políticas son cuestiones de vida o muerte cuando hablamos del VIH. Pueden bien garantizarnos el acceso a lo mejor que la ciencia puede ofrecernos y ayudar a las personas a hacer realidad sus derechos y vivir dignamente, bien convertirse en grandes obstáculos que impiden el bienestar de las personas. Al igual que con el resto de cuestiones importantes, en materia de sida debemos ser críticos con las políticas que nos rodean y aunar esfuerzos para transformarlas y convertirlas en un aspecto clave de la respuesta al sida», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.

El Laboratorio de políticas para el VIH es una herramienta que permite la comparación y la visualización de datos, y que facilita el seguimiento de las distintas políticas nacionales respecto a los 33 indicadores diferentes en 194 países de todo el mundo, lo que nos da una visión general de las políticas existentes. El objetivo es mejorar la transparencia, la capacidad para comprender y utilizar la información más fácilmente, y la habilidad para comparar países, con el fin de apoyar, por un lado, a los Gobiernos a la hora de aprender de sus vecinos y de la sociedad civil, todo ello para incrementar la responsabilidad, y, por otro, a los investigadores, para que puedan así estudiar el impacto que las leyes y las políticas ejercen sobre la pandemia del VIH. 

Según Matthew Kavanagh, director de Políticas Sanitarias Mundiales e Iniciativas Políticas en el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, «las políticas que se adoptan reflejan cómo los Gobiernos hacen avanzar la ciencia. Si queremos mejorar el modo en que las políticas se utilizan para mejorar los resultados en lo referente a la salud, es fundamental supervisar y evaluar las distintas políticas existentes».

«El reducir el estigma y el facilitar el acceso a los cuidados es fundamental para mejorar la existencia de las personas que viven con el VIH, y ambas cosas son consecuencia directa de las elecciones en cuanto a políticas que se hagan. El poder seguir dichas elecciones se torna una herramienta clave para mejorarlas y para garantizar la justicia y la igualdad para todas las personas que viven con el VIH», apunta Rico Gustav, director ejecutivo de la Red mundial de personas que viven con el VIH.

El Laboratorio de políticas para el VIH recaba información extraída de los Compromisos nacionales y el instrumento de políticas, de diversos documentos legales, de informes de los Gobiernos y de análisis independientes, para crear conjuntos de datos que se puedan comparar entre los distintos países y de acuerdo con diferentes temas. El propósito del Laboratorio de políticas para el VIH es ayudar a identificar y abordar las brechas existentes entre las pruebas y las políticas, y ayudar a construir una sólida responsabilidad para lograr una respuesta basada en políticas para el VIH que resulte más inclusiva y eficaz, y que parta de los derechos humanos y la ciencia.

El Laboratorio de políticas para el VIH nace de la colaboración entre la Universidad de Georgetown y el Instituto O’Neill para trabajar sobre las leyes nacionales y mundiales en materia sanitaria, ONUSIDA, la Red mundial de personas que viven con el VIH y Talus Analytics.

GINEBRA, 14 de agosto de 2020- ONUSIDA se muestra profundamente entristecida y preocupada ante los informes que reflejan cómo los activistas de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales se convierten en el objetivo y son arrestados mientras ejercen pacíficamente sus derechos de libertad de expresión y asociación. Asimismo, le resultan alarmantes todos los informes que hablan de la discriminación y la represión de las que son víctimas las personas LGBTI, a menudo utilizadas como chivos expiatorios.

ONUSIDA ha tenido constancia de que el día 7 de agosto una protesta contra la detención del activista de los derechos LGBTI, Margot Szutowick, quien lleva ya dos meses en prisión preventiva, terminó con denuncias policiales de violencia y más de 50 arrestos. Tras ello varios activistas han sido hace poco también detenidos por colocar banderas arcoíris en monumentos públicos, aparentemente de conformidad con el artículo 196 del Código penal polaco, de acuerdo con el cual se solicitan hasta dos años en prisión para toda aquella persona que «ofenda los sentimientos religiosos de otra insultando públicamente un objeto religioso o un lugar de culto».

Los órganos internacionales y europeos garantes de los derechos humanos han afirmado los derechos de libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica. Asimismo, han recordado e insistido en el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.

La Declaración política de alto nivel para acabar con el sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgada en el año 2016, reconoce que la discriminación, sobre todo el empleo discriminatorio y abusivo de los poderes coercitivos, crea importantes barreras que obstaculizan la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, dificulta el acceso a los servicios para la prevención, el tratamiento y los cuidados del VIH. Por este motivo, los Gobiernos se han comprometido a derribar todas estas barreras discriminatorias. Se ha demostrado que el estigma y la discriminación aumentan la violencia, el abuso y el acoso contra la comunidad LGBTI, así como que dañan enormemente su salud física y mental y el bienestar, impiden la inclusión en la sociedad y hacen desaparecer las oportunidades para abrirse camino en el ámbito del trabajo, la educación y los servicios esenciales.

Las acciones en Polonia limitan la libertad de expresión. Además, cuando se combinan con la aplicación de leyes discriminatorias contra los defensores de los derechos humanos, minan la igualdad, atentan contra el Estado de derecho e impiden el acceso de las personas a los servicios esenciales. Cuando hablamos de cerrar un espacio cívico para pedir el poner fin a la discriminación en áreas relacionadas con los derechos de las personas LGBTI, su salud sexual y reproductiva y la igualdad de género, la protección del derecho a la libertad de expresión se torna más vital que nunca.                

ONUSIDA no puede estar más alarmada por la presente y cada vez mayor persecución que sufre el colectivo LGTBI en Polonia. Le disgustan sobremanera la promoción de la llamadas zonas libres de ideología LGBT que empezaron a existir el año pasado y las cada vez mayores represiones que sufren los defensores de los derechos humanos por ejercer sus derechos humanos fundamentales para poner fin a la discriminación.

GINEBRA, 7 de julio de 2020 - ONUSIDA acoge con agrado la decisión de Gabón de descriminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Tras la votación en el Senado de Gabón del pasado 29 de junio de 2020, la aprobación de la decisión por parte del presidente supone que Gabón ha pasado a unirse al listado creciente de países africanos y de otros lugares que han derogado las leyes penales que ponían en el blanco y discriminaban a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (colectivo LGBTI).

«Aplaudo la decisión colectiva del Parlamento y el Gobierno de Gabón, así como de su presidente, de descriminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», señaló Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Al dar este paso, Gabón está corrigiendo una enorme injusticia que se estaba cometiendo contra la comunidad LGBTI en el país».

El párrafo 5 del artículo 402, el cual criminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, a las que imponía una pena máxima de seis meses en prisión y una multa de 5 millones de francos de la comunidad financiera africana, se insertó en el nuevo Código Penal de la República de Gabón durante el mes de julio del año 2019.  Ahora este párrafo se ha eliminado. Para ONUSIDA resulta alentador el hecho de que este paso atrás en términos de derechos humanos puede ser revocado rápidamente cuando las comunidades, la sociedad civil, los políticos y otros aliados aúnan fuerzas para reparar las injusticias.

El legitimar el estigma, la discriminación y la violencia contra el colectivo LGBTI; y el criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no hace sino impedir que las personas accedan y utilicen los servicios de prevención para el VIH, pruebas de detección y tratamiento. Asimismo, hace que aumente el riesgo de contraer el VIH entre este grupo de población. Supone también una profundísima violación de un derecho humano básico.

En el año 2019, en todos los rincones del globo, los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres corrieron 26 veces más riesgos de adquirir el VIH que el resto de hombres adultos.  Los prohibitivos marcos legales y políticos creados por el estigma y la discriminación son barreras clave para reducir de forma notable el número de nuevas infecciones por el VIH. Mientras ONUSIDA insta a eliminar estas leyes discriminatorias, un paso fundamental e inmediato sería dejar de aprobarlas.

«Se trata de un paso más que bienvenido hacia la igualdad del colectivo LGBTI en Gabón», añadió la Sra. Byanyima. «Desde aquí hago un llamamiento a al menos otros 69 países y territorios de todo el mundo que todavía criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo: hemos de hacer las cosas bien. Dejemos de criminalizar a las personas por a quién aman».

La oficina nacional de ONUSIDA para la República Islámica del Irán y la delegación en el país de la Federación internacional de asociaciones de estudiantes de Medicina llevan desde el año 2013 trabajando juntas para lograr un impacto en la respuesta nacional al sida.

En el pasado, dicha colaboración consistía en campañas de concienciación pública, talleres educativos, visitas de campo y escuelas de verano de una semana dirigidas a estudiantes del ámbito sanitario.

«Las escuelas de verano eran algo mucho más que motivador, nos daban confianza para abordar el siguiente tema para el que concentraríamos todas nuestras energías: luchar contra el estigma y la discriminación relacionados con el VIH», relata Aidin Parnia, uno de los fundadores de las escuelas de verano y de Avecene Consultancy.

Fundada por personas que habían participado en las escuelas de verano, Avecene Consultancy nació para poner en marcha todo el conocimiento y la experiencia de las escuelas de verano, y combinarlo con las innovaciones educativas más modernas y actualizadas. El resultado es la plataforma educativa online REDXIR, la cual recurre a los juegos para cambiar la actitud y el comportamiento de los estudiantes del ámbito sanitario para lograr así una futura generación de profesionales sanitarios sin estigma.

Ambientado en un mundo imaginario donde los jugadores son un grupo de jóvenes que se enfrentan a un enemigo misterioso que simboliza la discriminación y el estigma relacionados con el VIH, el objetivo de REDXIR es luchar contra el estigma y la discriminación, y vencerlos.

Los diez niveles del juego están diseñados para poner a prueba el conocimiento de los estudiantes sobre el VIH, así como para desafiar su actitud y comportamiento hacia las personas que viven con el virus. Por ejemplo, en el nivel del juego Presión sanguínea, los estudiantes tienen que tomarle la tensión a una persona que vive con el VIH para demostrar que pueden hacerlo sin ningún tipo de discriminación. En niveles más altos, tienen que ser capaces de hacerles una glucemia y una analítica como parte de una prueba normal de laboratorio.

Mientras que algunos de los niveles hay que jugarlos virtualmente, otros requieren práctica en el mundo real. Por ejemplo, en el nivel No te quedes callado, los estudiantes deben ser capaces de reconocer las publicaciones discriminatorias realizadas en las redes sociales, han de escribir #Zerodiscrimination (cero discriminación) debajo de ellas en, como mínimo, una de las redes sociales que vean, y han de comentar el motivo por el que se trata de un contenido cargado de discriminación. En el nivel Campaña, los estudiantes participan como formadores en una campaña de concienciación para el VIH.

«Las nuevas generaciones necesitan plataformas también nuevas. REDXIR, gracias a su fácil planteamiento y a que permite que los estudiantes establezcan un contacto directo con las poblaciones objetivo, ha resultado ser una forma muy eficaz de ayudar a eliminar el estigma y la discriminación en los entornos sanitarios», señaló Parvin Kazerouni, director del departamento de control del VIH del centro para el control de enfermedades transmisibles perteneciente al Ministerio de Sanidad y Educación para la Salud de Irán, y gerente de National AIDS.

«REDXIR demuestra cómo los enfoques innovadores y creativos pueden acoger las ideas nóveles de los jóvenes para hacer frente a problemas como el estigma y la discriminación», insistió Fardad Doroudi, director nacional de ONUSIDA para la República Islámica del Irán.

La oficina nacional de ONUSIDA apoya técnica y económicamente a REDXIR.

Las actitudes discriminatorias contra las personas que viven con el VIH siguen siendo una realidad demasiado presente en muchos países. De los 26 países que han participado en una encuesta para recabar datos para el índice compuesto que elabora ONUSIDA, más de la mitad de quienes respondieron expresaron actitudes discriminatorias.

En 29 de los 68 países con datos disponibles con relación a una de las dos preguntas del indicador compuesto entre 2013 y 2018, más de la mitad de las personas de entre 15 y 49 años afirmaron que no comprarían verduras frescas a un frutero que viviera con el VIH. En tres de esos países, más de tres cuartas partes dijeron que no actuarían así.

ONUSIDA y MPact instan a los Gobiernos y a los socios a proteger, apoyar y respetar los derechos humanos de la comunidad LGBTI durante la respuesta al COVID-19.

GINEBRA, 27 de abril de 2020 - ONUSIDA y MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights están extremadamente preocupados por el hecho de que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) están siendo señaladas, culpadas, maltratadas, encarceladas y estigmatizadas como vectores de la enfermedad durante la pandemia de COVID-19. Tanto ONUSIDA como MPact reconocen sentir gran angustia, ya que las prácticas discriminatorias están agravando los desafíos a los que la comunidad LGBTI ya tiene que enfrentarse al acceder a sus derechos, incluyéndose aquí el acceso a servicios sanitarios seguros y de calidad.

«El VIH nos enseñó que la violencia, el bullying y la discriminación solo sirven para marginar aún más a las personas que más lo necesitan», recuerda Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, tienen derecho a disfrutar de su salud, protección y seguridad sin excepción alguna. El respeto y la dignidad son ahora más necesarios que nunca».

En Belice, se han denunciado abusos por parte de la policía a un hombre gay que fue arrestado, humillado y apaleado por saltarse el toque de queda impuesto para frenar la expansión de coronavirus. Este joven de 25 años que vivía con el VIH se cree que falleció como consecuencia de las complicaciones sufridas tras los golpes perpetrados por la policía.

«Estamos recibiendo denuncias por actitudes de Gobiernos y líderes religiosos, ya que en algunos países están haciendo afirmaciones falsas y generando desinformación respecto al COVID-19, lo cual ha incitado a la violencia y a la discriminación contra la comunidad LGBTI», señala George Ayala, director ejecutivo de MPact. «Se están registrando organizaciones y viviendas, se está acosando a la comunidad LGBTI, y se ha detectado también un aumento en el número de arrestos y amenazas de deportación a quienes buscan asilo dentro de la comunidad LGBTI».

En Uganda, veinte personas de la comunidad LGBTI fueron hace poco arrestadas durante el registro a una vivienda, lo cual, según las autoridades policiales, se produjo porque desobedecieron las normas en cuanto a distancia social. En Filipinas, tres personas de la comunidad LGBTI estaban entre un grupo que fue públicamente humillado como castigo por incumplir el toque de queda. Después de que partes del incidente se hicieran virales en las redes, el responsable de la policía fue obligado a disculparse por tratar de manera diferente a los miembros de la comunidad LGBTI y obligarlos a bailar y besarse unos a otros.

«Estamos también cada vez más preocupados por la privacidad y la confidencialidad, puesto que los Gobiernos están recurriendo a las tecnologías basadas en Internet y a los smartphones para controlar los movimientos de la gente durante esta época de confinamientos y toques de queda», insiste el Sr. Ayala. «Los hombres gais y las personas disconformes con su género suelen ser el primer objetivo, y están también a la cabeza de las personas más afectadas por el aumento de la vigilancia policial y el control». 

Para algunas personas de la comunidad LGBTI, el autoaislamiento y la distancia física suponen un gran desafío, e incluso un peligro. Muchas de ellas bien son víctimas de la violencia, bien están siguiendo tratamientos mientras están confinadas en sus hogares con miembros de su familia cuyo comportamiento es inaceptable. Los miembros de las comunidades LGBTI pueden sufrir también violencia dentro de la pareja durante todo este tiempo en casa, pero ser incapaces de denunciar los abusos a la policía por miedo a represalias. El aislamiento puede también exacerbar los problemas de salud mental preexistentes, por ejemplo, sentimientos de soledad, depresión, ansiedad y tendencias suicidas, los cuales son ya de por sí habituales entre las personas de la comunidad LGBTI.

La pandemia de COVID-19 deja a muchos hombres gais y mujeres transgénero desprovistos de las herramientas adecuadas que necesitan para tener el control de sus derechos y de su salud sexual. Los hombres gais representan el 20 % del conjunto de nuevas infecciones por el VIH que se producen a nivel mundial y tienen 22 veces más posibilidades de infectarse con el VIH que cualquier otro hombre. Las mujeres transgénero llevan a sus espaldas un riesgo 12 veces mayor de contraer el VIH que la población general.

El confinamiento, sobre todo cuando se impone sin contemplar flexibilidades, acrecienta las dificultades que estos grupos de por sí ya experimentan a la hora de acceder a la terapia antirretrovírica y los servicios de prevención del VIH y afirmación de género, entre ellos, las terapias hormonales. Esto es algo especialmente cierto en el caso de los miembros de la comunidad LGBTI que carecen de recursos económicos, se encuentran en situación de desempleo, han perdido sus hogares o residen en viviendas marginales.

ONUSIDA y MPact están instando a los países a:

• Denunciar la desinformación en la que se apoyan quienes calumnian y buscan chivos expiatorios para culpar a la comunidad LGBTI de la expansión del COVID-19.
• Poner fin a las redadas y los registros en las organizaciones lideradas por la comunidad LGBTI, sus viviendas y espacios, y dejar de arrestar a personas por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
• Garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas, se fundamenten en pruebas y respeten los derechos humanos.
• Evitar la vigilancia por parte del Estado sobre las tecnologías de la comunicación utilizadas por la comunidad LGBTI.
• Invertir en la respuesta al COVID-19, velando por los fondos y protegiendo los programas en materia de salud sexual y VIH, los cuales son inclusivos y sensibles a las necesidades de la comunidad LGBTI.
• Salvaguardar el acceso continuado a los apoyos médicos que salvan vidas, incluyéndose aquí los programas para la reducción del daño, los preservativos y lubricantes, la profilaxis preexposición, la terapia antirretrovírica, las terapias de reemplazo hormonal y los servicios de salud mental para la comunidad LGBTI.
• Ofrecer opciones flexibles para la prestación de servicios, que van desde la dispensación multimensual hasta la entrega en la comunidad, las consultas virtuales y las opciones de apoyo.
• Valorar el considerar proveedores de servicios esenciales a las organizaciones de servicios lideradas por la comunidad, de manera que puedan prestar servicios clave de una manera segura y flexible.
• Incluir a la comunidad LGBTI dentro de los programas nacionales de protección social, incluyéndose aquí los relacionados con el apoyo económico.
• Aumentar el acceso a las viviendas seguras y de emergencia para las personas de la comunidad LGBTI que están sin hogar y que han sido desahuciadas.
• Implicar a la comunidad LGBTI en la elaboración de los planes de salud pública y en la difusión de mensajes relacionados con el COVID-19.
• Poner en marcha programas de control de la seguridad y mitigar la piratería informática durante las reuniones virtuales.

Ahora más que nunca, debemos alzar la voz y aunar fuerzas para proteger la salud y los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo.

MPact

MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights fue fundada en el año 2006 por un grupo de activistas preocupados por las disparidades relacionadas con el VIH, el estigma, la discriminación, la violencia y la criminalización experimentada en todos los rincones del mundo por gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. MPact es hoy una sólida organización de defensa internacional dedicada a garantizar el acceso igualitario a los servicios del VIH a todos los hombres gais, velando y fomentando siempre la salud y los derechos humanos. Está directamente relacionada con casi 150 organizaciones lideradas por la comunidad y presentes en 62 países, y con miles de otros defensores a través de sus distintas plataformas de redes sociales. MPact logra su misión supervisando la acción de los Gobiernos, los patrocinadores y otros responsables de las tomas de decisiones; fortaleciendo las capacidades de las organizaciones lideradas por la comunidad y los proveedores sanitarios; apoyando la proliferación de redes lideradas por hombres gais; dirigiendo y llevando a cabo investigaciones; y facilitando intercambios de información interregional.