“El sida llegó a mi puerta de manera sorpresiva. Todo comenzó el año 1988 cuando mi pareja, Rafael, empezó a enfermar. En ese momento, ambos teníamos 28 años”, cuenta Georgina Gutiérrez, activista por los derechos humanos de las personas que viven con el VIH en México desde hace más de treinta años.

Hoy es la representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento de las personas que viven con el VIH privadas de libertad. Además, ella es parte del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

“En esos años el estigma y la discriminación eran preocupantes. Yo sabía del VIH solo a través de la televisión y muchas mujeres que tenían parejas con VIH asumían que eran positivas sin haberse hecho nunca la prueba”, rememora la activista.

Su pareja fue privada de libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde pasó ocho años. Este periodo fue para Georgina una oportunidad de conocer la realidad dentro de las cárceles y fue finalmente esta experiencia la que encaminaría el rumbo de su vida hacia el trabajo con personas que viven con el VIH privadas de libertad.

“Las personas que viven con el VIH en la cárcel son invisibles ante la sociedad. Recuerdo que hace muchos años, en modo de protesta, quemaban sus colchones solo para pedir un trato digno”, rememora Georgina.

Ella se dio cuenta de que la protección de la salud física y mental de las personas que viven con el VIH privadas de libertad requería medidas inmediatas y urgentes. Fue así como crearon un proyecto contra el VIH y la COVID‑19 en la Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla.

El proyecto es una de las 30 iniciativas que han recibido financiación, seleccionada de entre más de 190 postulantes a la convocatoria de 2020 de ONUSIDA de propuestas para las organizaciones comunitarias que trabajan con el VIH en América Latina y el Caribe.  Ha recibido un premio de 5000 dólares americanos para ayudar a la labor.

La Penitenciaría Santa Martha Acatitla alberga alrededor de 2000 internos, incluidas 180 personas que viven con el VIH, algunas de ellas en estadio avanzado de enfermedades relacionadas con el sida. Las personas que viven con el VIH están concentradas en el Dormitorio 10 de la prisión.

“El Dormitorio 10 está abarrotado y mantener el distanciamiento físico es difícil. Su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido.  Además, la mayoría no había recibido materiales de protección individual para la COVID-19, y los pocos que han podido acceder a ellos lo consiguieron gracias a sus familias”, afirma la Sra. Gutiérrez.

A parte de las 180 personas que viven con el VIH en la prisión, cada una de las cuales recibió cubrebocas personalizados y otros materiales de protección individual y asistió a una serie de formaciones, aproximadamente otras 1000 personas de entre el personal y los internos se beneficiaron del proyecto.

“He podido ver una transformación en ellos. Me han contado varias veces que se sienten más seguros con las herramientas y el conocimiento que han adquirido”, declara la Sra. Gutiérrez. “Se sienten bien al saber que hay gente que se preocupa por ellos durante esta crisis sanitaria”.

“Ahora, con nuestras formaciones y donaciones los reclusos pueden mantener limpias sus habitaciones y lavar con frecuencia sus manos, su ropa y sus pertenencias”. 

Trabajar en la prevención del VIH es “un compromiso que llevo hasta en la última gota de mi sangre”, admite. “Con estas acciones estamos devolviendo la vida a personas olvidadas. Agradezco a ONUSIDA que haya financiado este proyecto; con él estamos apoyando a población carente en todos los ámbitos”.

Un día cualquiera, se encarcela aproximadamente a 11 millones de personas en todo el mundo.  El riesgo de violencia sexual entre reclusos, junto con el acceso inadecuado a preservativos, lubricantes, profilaxis profilaxis previa a la exposición y servicios de reducción del daño, aumenta sus posibilidades de contraer el VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual.