“No he tomado mi medicación en siete meses,” afirmó Carla Joseph (nombre ficticio), una mujer transgénero que vive con el VIH en Haití. “Necesito un lugar fiable y directo que no me pida una carta de referencia... para volver a recibir el tratamiento.”

Habla con uno de los oficiales de campo de vigilancia dirigida por la comunidad (CLM), parte del Observatorio del Foro de Sociedad Civil de Haití, quien ha estado trabajando durante el último año en cómo conectar a personas ya diagnosticadas con el tratamiento y en asegurar que los que ya están atendidos estén mejor provistos.

“Gracias a esta vigilancia hemos podido conocer a muchos pacientes a la espera de ser atendidos y de poder disponer de sus medicamentos de nuevo,” aseguró Elisabeth Jacques, una Coordinadora de Campo de Vigilancia Dirigida por la Comunidad. “¿No deberían prestarse los servicios en el mejor día y hora para el paciente?”

ONUSIDA apoya este trabajo de vigilancia que se está llevando a cabo por el Observatorio del Foro de Sociedad Civil de Haití. Se trata de un mecanismo de responsabilidad que busca mejorar el acceso a los servicios relacionados con el VIH y la calidad en la atención que estas personas reciben. El proceso se dirige y ejecuta por comunidades de personas que viven con el VIH, grupos de poblaciones clave y otros vulnerables.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado de varios socios, entre ellos el Ministerio de Salud Pública y Población y el Gobierno de los Estados Unidos a través del Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA (PEPFAR). Tiene el objetivo de mantener y extender los accesos a los servicios relacionados con el VIH para las 150 000 personas que se estima que viven con el VIH en Haití, incluyendo a las 30 000 que aún no conocen su estado.

En su primer informe, el Observatorio del Foro de Sociedad Civil llamó a la atención acerca de la necesidad de mejora de los servicios enfocados al cliente, ampliando los horarios de atención y reduciendo las esperas. También se recomendó aumentar el suministro a seis meses del medicamento antirretroviral dispensado a las personas estables que viven con el VIH. De manera adicional, la vigilancia dirigida por la comunidad puso de manifiesto la necesidad de mejorar los conocimientos sobre el tratamiento relacionados con el concepto de I = I (indetectable = intransmisible).

“Deberíamos capacitar a la sociedad civil para llevar a cabo esta labor de sensibilización. Están más familiarizados con los clientes. Cuando alguien se pierde en el seguimiento, los miembros de la comunidad saben cómo hablar con ellos y animarles a volver. Si dotamos a la comunidad de autonomía a través de la vigilancia dirigida, podremos tener un mejor control de los que ocurre,” afirmó Soeurette Policar, el Coordinador del Observatorio del Foro de Sociedad Civil.

El responsable de la prevención del VIH en el Ministerio de Salud Pública y Población, Steve Mc Allan Smith, agradeció las recomendaciones. “La vigilancia dirigida por la comunidad nos dirá cómo se están ofreciendo los servicios y cómo los están recibiendo las personas desde la perspectiva del cliente. Este acercamiento nos ayudará a orquestar intervenciones para las necesidades especificas de los pacientes. También nos facilitará atender los problemas con las pruebas de detección. Pero sobre todo nos servirá para retener a la gente en la atención. Alcanzar los objetivos es muy bueno,” confirmó. “Mantenerlos a largo plazo es lo que realmente nos interesa.”

A lo largo del último año, el país ha lidiado con crisis cruzadas. Un mes después del asesinato de su presidente, Haití sufrió un devastador terremoto, seguido de una tormenta tropical. El empeoramiento del crimen organizado y la ola de secuestros han tenido consecuencias nefastas para la vida cotidiana de los haitianos. En los últimos meses, la escasez de combustible ha complicado todavía más la situación de los habitantes y de las organizaciones, que no pueden llevar a cabo sus labores. Todo esto bajo la presión ejercida por el COVID-19.

La pobreza, la violencia de género y la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave complican la posibilidad de mantenerse en tratamiento. El difícil contexto socioeconómico y de seguridad no hace más que empeorar las cosas. De acuerdo con los datos del PEPFAR, al menos 8000 haitianos dejaron de recibir el tratamiento contra el VIH el año pasado.

Sin embargo, tal y como afirma el Director nacional de ONUSIDA en Haití, Christian Mouala, el país ha sido capaz de implementar la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales al 88 % de las personas en tratamiento contra el VIH durante el COVID-19. Todo esto gracias a los esfuerzos coordinados bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública y Población y la colaboración de varias partes interesadas, como la sociedad civil haitiana.

“La gente y el sistema sanitario de aquí son resistentes y adaptables,” aseguró Sr Mouala. “En este momento, el liderazgo de la comunidad debe ser aún más central en el desarrollo y la aplicación de estrategias que garanticen que las personas disfruten de los mejores servicios de apoyo social, sanitario y del VIH.”