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La Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y ONUSIDA han publicado recientemente una declaración conjunta en la que llamaban a los países a la acción inmediata y decisiva para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia, al igual que otras crisis sanitarias, está poniendo de manifiesto las desigualdades existentes y afectando de manera desproporcionada a personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones sanitarias y económicas precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social.

Los gobiernos de todo el mundo se están olvidando de las trabajadoras sexuales en la respuesta a la crisis del COVID-19. Mientras las trabajadoras sexuales y sus clientes se autoaislan, estas se encuentran sin protección, cada vez más vulnerables e incapaces de mantenerse a sí mismas y a sus familias. En Ecuador, el Colectivo Flor de Azalea (Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales) ha destacado la repentina falta de apoyo y de acceso a los servicios básicos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales. «Las trabajadoras sexuales han sufrido un duro golpe debido a la emergencia sanitaria. Salimos a la calle con mucho miedo y tememos que nos violen. No tenemos dinero para comer, para el alquiler o para medicinas; los servicios sanitarios están cerrados. No hay acceso a los preservativos y muchas compañeras han muerto por el COVID-19».

«La legislación de los derechos humanos estipula que los derechos humanos son inalienables, interdependientes e indivisibles», afirma Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Asegurar que durante esta pandemia esto sea una realidad para todos, especialmente para los más vulnerables, es esencial, y es que también creará el tipo de comunidad resiliente que necesitamos para salir de esta».

Mientras las trabajadoras sexuales informan de las interrupciones en el suministro de preservativos, las trabajadoras sexuales que viven con VIH afirman que también están perdiendo el acceso a los medicamentos esenciales. En Eswanati, la organización Voice of Our Voices informa de que «para aquellos que están recibiendo el tratamiento contra el VIH es difícil acudir a sus citas si no hay transporte. También lo es para alcanzar los productos de prevención».

Además de la criminalización de las trabajadoras sexuales en casi todos los países, estas son también las más vulnerables a las medidas punitivas asociadas a la aplicación de las disposiciones del COVID-19. El aumento de la vigilancia policial puede exponer a las trabajadoras sexuales a un mayor acoso y violencia y, en algunos países, esto ha llevado a redadas en casas, a pruebas obligatorias de COVID-19 y al arresto y amenazas de deportación de las trabajadoras sexuales migrantes. Para aquellas que se han visto llevadas a las calles por la falta de hogar, como se ha sido el caso de muchos prostíbulos y trabajadoras sexuales migrantes, la falta de apoyo implica una escasa seguridad y medios para poder cumplir con los requerimientos del gobierno.

La penalización del trabajo sexual en la mayoría de países también supone problemas concretos para acceder a las ayudas del gobierno. En Estados Unidos, SWOP-Tucson, una red de justicia social para trabajadoras sexuales, explicó que «muchas de estas medidas necesitan pruebas de que el empleo se ha perdido o ha sido reducido debido al COVID-19. Pero como el trabajo sexual está penalizado, no es posible ofrecer ni la documentación necesaria ni pruebas del estado de desempleo o de las dificultades sufridas. Por ello, las trabajadoras sexuales no pueden recibir ni ayudas al alquiler o la hipoteca, ni reducciones en el pago de facturas ni prestaciones por desempleo.

Incluso en países en los que el trabajo sexual está legalizado en cierta medida, el sistema de subsidio ofrecido a los trabajadores del sector formal no incluye a las trabajadoras sexuales. Así ocurre en Alemania, por ejemplo, donde las trabajadoras sexuales señalan las barreras en el acceso a las ayudas para cualquier persona fuera del sistema. «Si bien el gobierno ha proporcionado un paquete para los trabajadores autónomos (registrados), no ha incluido a las trabajadoras sexuales de ninguna manera y las personas que viven aquí de forma ilegal no tienen posibilidad de acceder a las ayudas del gobierno».

A medida que la crisis mundial aumenta, las trabajadoras sexuales se enfrentan cada vez más a la difícil decisión de aislarse sin ingresos ni ayudas o trabajar poniendo en riesgo su propia salud y su seguridad. Otro problema ha sido que la mayoría de las viviendas temporales asequibles se han cerrado mientras las trabajadoras sexuales luchan por pagar el alquiler o las tarifas de las habitaciones de hotel. La inexistencia de viviendas temporales junto con el cierre de los lugares de trabajo ha resultado en una repentina falta de hogar para las trabajadoras sexuales en muchos países, una situación que se agrava en especial para las trabajadoras sexuales migrantes, muchas de las cuales están atrapadas por el cierre de fronteras.

Pese a la continua exclusión que sufren las comunidades de trabajadoras sexuales de los grupos de planificación de la emergencia de salud pública, ellas han empezado a coordinar su propia respuesta ante la crisis. Se han creado varias campañas de recaudación de fondos de ayuda mutua y emergencia, lo que ha permitido a las trabajadoras sexuales y a sus organizaciones acceder y distribuir fondos y artículos de primera necesidad. Una de estas iniciativas la desarrolló And Soppeku, una organización de trabajadoras sexuales en Senegal, que distribuye paquetes de alimentos y productos de higiene a sus miembros en tres regiones (Dakar, Thiès y Kaolack). Se están llevando a cabo iniciativas similares en todo el mundo en ausencia de medidas y ayudas por parte del gobierno.

Sin embargo, la autoorganización de personas y grupos no debe considerarse un sustituto de la urgente necesidad de ayuda del gobierno. Los gobiernos están obligados por los derechos humanos internacionales a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, sin discriminación, incluso en tiempos de emergencia.

Las trabajadoras sexuales y sus organizaciones exigen protección igualitaria bajo la ley y acceso a ayudas económicas y atención sanitaria. ONUSIDA se une a esta llamada a la acción, subrayando la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos para la respuesta al COVID-19, que debe centrarse en el empoderamiento y la participación comunitaria.

Las citas en esta noticia han sido recopiladas del Informe sobre el impacto del COVID-19 del NSWP, que recoge respuestas de trabajadoras sexuales y sus organizaciones con el objetivo de supervisar las medidas que toman los gobiernos para la comunidad de trabajadoras sexuales durante este período