Rachel Allen (nombre ficticio), residente en Kingston, Jamaica, estaba empezando a asumir su estado serológico positivo y tratando de seguir adelante con su vida. En su cabeza estaba la idea de estudiar enfermería, pero se sintió horrorizada al enterarse de que, como parte del proceso de entrada, tenía que someterse a una prueba del VIH.

Jane Williams y Paul Brown (nombres ficticios) estaban enamorados y soñaban con formar una familia. Sin embargo, en cuanto los trabajadores sanitarios supieron que la Sra. Williams vivía con el VIH, mostraron su desacuerdo. Una enfermera llegó a decirle que no debería tener hijos debido a su estado serológico. Hasta un médico la llamó «malvada».

En ambos casos se trata de experiencias demasiado comunes entre las personas que viven con el VIH, explica Jumoke Patrick, director ejecutivo de la Red jamaicana de seropositivos. Esta organización nació en 2005 como un mecanismo a través del cual las personas que viven con el VIH pudieran denunciar las violaciones de sus derechos. Actualmente el país cuenta con un sistema jamaicano antidiscriminación (JADS, por sus siglas en inglés) que permite denunciar de manera formal los incidentes y facilita también el resarcimiento judicial por ellos.

Para el Sr. Patrick, se trata de un servicio esencial. En su opinión, el proporcionar un canal para que la gente pueda identificar el estigma y la discriminación supone un primer paso para permitir a las personas que viven con el VIH acceder a los servicios y disfrutar de una vida plena y productiva.

«El hecho de que las personas no estén accediendo a los servicios tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación», afirma con rotundidad. «Por eso hemos experimentado ese descenso en el acceso a los servicios. El estigma y la discriminación son la principal causa por la que no estamos donde deberíamos estar con relación a la adherencia de las personas al tratamiento. Necesito tener la certeza de que, cuando te confiese mi estado serológico, no lo utilizarás en mi contra».

La gente que ha sido víctima de prejuicios en los sistemas sanitarios, educativos y laborales puede denunciarlos al responsable de compensación de la JADS. A menudo los clientes son referidos a un mediador de la comunidad en su región sanitaria, a otras organizaciones de la sociedad civil o al servicio para las quejas de clientes de que disponga el ministerio de salud. Los denunciantes han de rellenar un formulario y después son entrevistados por uno de los cuatro responsables de compensación del distrito. Un jurado se encarga de revisar cada caso y hace las recomendaciones precisas con relación a la investigación. La representación y la confidencialidad son la clave. Algunas personas optan por no seguir adelante con su queja, pero quienes sí deciden recorrer el camino pueden contar con la ayuda de un abogado.

«Si quieres enmendar, has de presentar una reclamación, y no tienes que hacerlo solo», apunta Nidine Lawrence, una de las responsables de JADS. «Todo es muy distinto cuando te sientes capacitado. En ese momento eres capaz de volver a sentirte parte de la sociedad y seguir una vida positiva».

La mayoría de los casos tienen que ver con el tratamiento recibido en los entornos de atención sanitaria, la violación de la confidencialidad y los abusos en el lugar de trabajo. La Sra. Lawrence ha llevado el caso de clientes cuyos compañeros de trabajo habían revelado su estado serológico positivo a sus jefes. Otros han visto cómo trabajadores sanitarios de su comunidad habían dado a conocer su estado.

¿Qué le diría a alguien que ha sufrido una injusticia y que, aun así, se muestra reacio a denunciar? «Nuestra organización existe para que las personas que viven con el VIH puedan sentirse con mayor capacidad y poder. Firmamos un acuerdo de confidencialidad. Confía en el sistema», insiste. «Confía, porque sí funciona».

Para la Sra. Allen funcionó. Los responsables de JADS se pusieron en contacto con el ministerio de salud para poner en entredicho la necesidad de someterse a una prueba del VIH para acceder a la escuela de enfermería. Lograron que interviniera el departamento legal del ministerio, el cual envió una carta a la escuela para recordarle que dicha política era ilegal. La junta de la escuela acabó eliminando ese requisito para acceder al centro.

El sistema también funcionó en el caso de la Sra. Williams y el Sr. Brown, quienes recibieron unas disculpas por escrito. Además, y tras su denuncia, se puso en marcha un programa de formación dirigido al personal sanitario para trabajar en lo concerniente a los derechos de salud sexual y reproductiva de las personas que viven con el VIH.