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Las leyes discriminan de muchas maneras, pero la criminalización de las personas es una de las formas de discriminación más devastadoras. A pesar de haberse instado a realizar reformas y adquirir compromisos en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el fin de eliminar las leyes discriminatorias y reducir las desigualdades,

• 69 países siguen criminalizando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
• Más de 100 países criminalizan el consumo o la posesión de drogas para consumo propio y otros 98 criminalizan algunos tipos de trabajos sexuales.
• Una de cada cinco personas encarceladas están en prisión por delitos relacionados con las drogas y de estas un 80 % eran consumidoras o estaban en posesión de sustancias para consumo propio.
• 19 países deportan a los extranjeros cuando estos tienen un estado serológico positivo.

En Nueva York, en los Estados Unidos de América, se está celebrando un foro político de alto nivel del 9 al 18 de julio cuyo objetivo es revisar el progreso realizado por los Estados miembros en lo referente a los compromisos que adquirieron para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyéndose aquí los relacionados con la desigualdad y la paz, la justicia y las instituciones poderosas.

«Como juez, he podido ver en primera persona el efecto que la legislación penal puede tener en las comunidades. Aparta a las personas de los sistemas de protección, ilegitima sus acciones o su identidad, incrementa el estigma y las excluye de toda protección que puedan brindar nuestros sistemas judicial, social y económico», señala Edwin Cameron, de la Corte Constitucional de Sudáfrica.

La criminalización afecta el acceso a los servicios sanitarios, a la vivienda, la educación, la protección social y el empleo. La criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, del trabajo sexual y del consumo de drogas impide a la población acceder a los servicios de atención sanitaria como son la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH. Los datos nos muestran que los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se exponen al contagio del VIH 28 veces más que la población general. Las personas que consumen drogas presentan un riesgo de contagio 22 veces superior y, por su parte, el riesgo que corren los trabajadores sexuales y los transgénero es también 13 veces mayor. 

«Para implementar por completo la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurarnos de que nadie quede atrás, tenemos que garantizar leyes que protejan a las personas frente a la discriminación y que no las empujen a esconderse de la sociedad», opinó Lloyd Russell Moyle, miembro del Parlamento del Reino Unido.

Los grupos que representan a las personas criminalizadas a menudo tienen prohibido registrarse como organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, los trabajadores sexuales normalmente no pueden sindicalizarse. Las leyes contra la propaganda hacen que la información sobre la prevención del VIH no pueda darse a conocer y expandirse entre la sociedad.

«Poner fin al sida y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia sanitaria no será posible si no plantamos cara a la discriminación, la violencia y la exclusión. Tenemos la oportunidad de aprovechar las lecciones que nos ofrece el movimiento contra el sida y situar los derechos y la participación significativa de los más marginados en el centro de la respuesta», señaló Luisa Cabal, asesora de derechos humanos y género de ONUSIDA.

Los grupos criminalizados suelen experimentar mayores tasas de violencia que la población general. Las víctimas de la violencia, quienes también son criminalizadas, normalmente no pueden denunciar a la policía la violencia de la que son víctimas, y los abogados se arriesgan a sufrir violencia u otro tipo de repercusiones si aceptan llevar estos casos.

«La discriminación contra las personas que viven con el VIH, y la criminalización de estas, continúan siendo una realidad a día de hoy. En Indonesia padecemos a diario el estigma constante contra los grupos de población clave y también su criminalización. No lograremos nunca acabar con el sida si no hacemos que sus necesidades y sus derechos constituyan una prioridad máxima para el acceso a la atención sanitaria, la protección contra la violencia y el reconocimiento de su derecho a la salud», confesó Baby Rivona, de la Red de mujeres positivas en Indonesia.

Los países que descriminalizan el consumo de drogas y que hacen que los servicios para la reducción del daño estén disponibles han visto una disminución en el número de nuevas infecciones por el VIH. Según lo visto, descriminalizar el trabajo sexual en diez años podría evitar entre el 33 % y el 46 % de las nuevas infecciones por VIH entre trabajadores sexuales y clientes. A pesar de ello, el resultado no es solo reducir las nuevas infecciones por el VIH. Incluye también mejoras en el bienestar y un aumento de la confianza en el cumplimiento de las leyes, disminución de la violencia y un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria y apoyo. Sin embargo, y por encima de todo, la descriminalización de las personas hace que dejen de ser vistas como criminales y que no estén estigmatizadas por la sociedad.